Una familiar de una paciente con cáncer de cérvix denunció presuntas trabas administrativas de la Nueva EPS que habrían impedido el acceso oportuno a quimioterapias y medicamentos para el dolor, poniendo en riesgo la continuidad del tratamiento y el derecho fundamental a la salud.
Una grave denuncia pública fue realizada en Ibagué por la familiar de una paciente diagnosticada con cáncer de cérvix, quien asegura que la Nueva EPS no ha garantizado la autorización efectiva y el direccionamiento oportuno de quimioterapias esenciales para el tratamiento de un tumor maligno, pese a que el proceso se inició desde el mes de diciembre del año anterior.
De acuerdo con el testimonio, la paciente tenía programadas tres sesiones de quimioterapia para los días 9 y 30 de enero, así como el 20 de febrero, citas que resultan determinantes para controlar el avance de la enfermedad. Sin embargo, las dos primeras no se pudieron realizar, generando preocupación por el impacto que estos retrasos puedan tener en su estado de salud.
La familiar explicó que, aunque se contaba con las autorizaciones emitidas por la EPS, estas no fueron aceptadas de manera física por el prestador del servicio. Según la entidad encargada de aplicar el tratamiento, el trámite debía realizarse a través de una plataforma digital que la familia desconoce y sobre la cual no recibió orientación clara ni acompañamiento institucional.
Ante esta situación, la denunciante afirmó haber acudido en repetidas ocasiones a las oficinas de la Nueva EPS en busca de una solución. Incluso, señaló que logró contactar a un directivo regional, quien únicamente remitió el caso nuevamente al área de autorizaciones, sin que se resolviera de fondo el problema ni se garantizara la atención médica requerida.
El pasado lunes, al presentarse en el módulo 6 de atención al usuario, la respuesta que recibió la familia fue la entrega de un documento en papel que, según manifiestan, no solucionó la situación ni permitió reprogramar de inmediato las quimioterapias perdidas, manteniendo a la paciente en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.
La denuncia también advierte que no solo las quimioterapias estarían siendo afectadas, sino que existirían retrasos o negativas en la entrega de medicamentos para el manejo del dolor. Esta situación, aseguran, ha incrementado el sufrimiento físico y emocional de la paciente, así como la angustia de su núcleo familiar.
Para la familia, estas presuntas fallas administrativas constituyen una vulneración directa al derecho fundamental a la salud, especialmente tratándose de una enfermedad de alto riesgo que requiere tratamientos continuos, oportunos y sin interrupciones que puedan comprometer la efectividad del proceso médico.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a la Nueva EPS y a las autoridades de salud competentes para que intervengan de manera inmediata, revisen el caso y adopten las medidas necesarias que permitan garantizar la continuidad del tratamiento oncológico y el acceso integral a los servicios médicos que la paciente necesita con carácter prioritario.
