Publicado Jul 1, 2026

Fotomultas en Melgar quedan en manos de la Gobernación

La gobernadora Adriana Magali Matiz podrá solicitar la revisión judicial del acuerdo aprobado por el Concejo de Melgar que permitiría implementar sistemas de fotodetección en la vía hacia Bogotá.

La aprobación del acuerdo que abre la posibilidad de instalar fotomultas en la vía que comunica a Melgar con Bogotá trasladó el debate del Concejo Municipal a la Gobernación del Tolima. Ahora, la gobernadora Adriana Magali Matiz tiene la facultad legal de revisar el acto administrativo y determinar si existen posibles inconsistencias jurídicas que justifiquen remitirlo al Tribunal Administrativo del Tolima para su respectivo control de legalidad. La decisión será determinante para el futuro de la iniciativa impulsada por la Administración Municipal.

La posibilidad de una revisión surge porque la legislación colombiana faculta a los gobernadores para examinar los acuerdos aprobados por los concejos municipales cuando existan dudas sobre su conformidad con la Constitución o con las normas vigentes. Si la mandataria departamental considera que el acuerdo presenta posibles vicios legales o constitucionales, podrá solicitar al Tribunal Administrativo que estudie el caso antes de que la medida continúe su trámite.

El proyecto fue promovido por el alcalde de Melgar, Francisco Bermúdez, con el propósito de crear una sociedad de economía mixta que apoye la gestión de la Secretaría de Movilidad. Dentro de las funciones planteadas estaría la implementación de sistemas de fotodetección en el corredor vial que conecta al municipio con Bogotá, una de las carreteras con mayor flujo vehicular del departamento durante fines de semana y temporadas vacacionales.

La propuesta generó una amplia controversia entre conductores, líderes políticos y diferentes sectores ciudadanos, quienes cuestionaron tanto el contenido como el procedimiento utilizado para su aprobación. Entre las principales críticas se encuentra el esquema financiero planteado para la nueva sociedad, en el que un inversionista privado aportaría la totalidad del capital inicial mientras el municipio tendría una participación minoritaria, situación que algunos sectores consideran una posible tercerización de funciones públicas.

La discusión también estuvo marcada por una ajustada votación en el Concejo Municipal. El acuerdo fue aprobado con seis votos a favor y cinco en contra, resultado que estuvo influenciado por la ausencia de dos concejales del Partido Conservador. Además, se conocieron cuestionamientos sobre el respaldo otorgado por un concejal del Partido Liberal, quien, según algunas versiones, habría votado en contravía de la disciplina establecida por la ley de bancadas.

A las controversias políticas se sumaron observaciones de carácter jurídico. El exprocurador judicial Miguel Ángel Ñustes solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer acompañamiento preventivo durante el trámite del proyecto, al considerar que la iniciativa reviste especial importancia institucional, administrativa, jurídica y patrimonial para el municipio, debido a las implicaciones que tendría sobre la gestión de la movilidad y el manejo de recursos públicos.

Entre las inquietudes expresadas por quienes cuestionan el acuerdo figuran la eventual delegación de funciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad, el acceso a información institucional por parte del operador privado y la presunta ausencia de estudios técnicos, jurídicos y financieros suficientes que respalden la conveniencia de crear la sociedad de economía mixta. Estos aspectos podrían ser analizados si el caso llega al Tribunal Administrativo del Tolima.

Mientras tanto, la atención permanece centrada en la decisión que adopte la gobernadora Adriana Magali Matiz. Si decide remitir el acuerdo para revisión judicial, se abriría una nueva etapa jurídica que podría suspender o confirmar la implementación de las fotomultas en este importante corredor vial. Por ahora, el debate continúa abierto entre quienes consideran que la medida fortalecería el control del tránsito y quienes advierten posibles riesgos legales, administrativos y patrimoniales para el municipio de Melgar.

ElCorrillo.Co

Profesional en comunicación social