La Asociación Andina de Carga Liviana condenó el ataque contra un transportador de carga durante una protesta de conductores informales y pidió a la Alcaldía de Ibagué medidas urgentes para frenar el desorden vial y el crecimiento del transporte ilegal en la ciudad.
La Asociación Andina de Carga Liviana expresó su firme rechazo a los hechos violentos ocurridos el pasado 7 de agosto en Ibagué, cuando un transportador de carga fue agredido físicamente y su vehículo resultó vandalizado en la glorieta de la avenida Ambalá. El incidente se produjo en medio de una protesta liderada por conductores vinculados al transporte informal.
Según la organización, este tipo de situaciones son el reflejo de un problema más amplio: el descontrol en materia de movilidad que vive la capital tolimense. “Esto es una muestra más del desgobierno que se presenta en la ciudad con respecto a la movilidad. Se suma al mal estado de la malla vial, al incumplimiento en el contrato de semaforización y al crecimiento exponencial del transporte ilegal”, precisó el gremio en un comunicado público.
La agremiación hizo un llamado directo a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para que ejerza sus funciones como máxima autoridad de policía, tal como lo establece la Ley 136 de 1994. Recordaron que el cargo implica la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y preservar el orden público en la ciudad.
En su pronunciamiento, la asociación también citó el artículo 9 de la Ley 336 de 1996, que prohíbe expresamente el transporte informal y faculta a las autoridades locales para imponer sanciones a quienes realicen esta actividad al margen de la ley. Para el gremio, la falta de aplicación efectiva de estas normas está permitiendo que el problema crezca sin control.
La Asociación de Carga Liviana advirtió que la actual situación genera un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad para quienes ejercen de manera legal la labor de transporte. “No hay garantías para trabajar bajo el marco de la ley”, señalaron, al tiempo que advirtieron que la anarquía en el sistema de movilidad va en aumento.
Los transportadores formales consideran que la tolerancia hacia el transporte ilegal no solo perjudica al gremio, sino que también pone en riesgo la seguridad vial y la sostenibilidad económica del sector. Afirman que la falta de control impacta negativamente tanto a los conductores como a los usuarios.
Finalmente, el gremio exigió que se implementen medidas inmediatas para proteger los derechos de quienes cumplen con los requisitos legales y reglamentarios. Entre sus peticiones se incluye la aplicación rigurosa de sanciones, la recuperación de la malla vial y el cumplimiento de los contratos de semaforización.
La asociación concluyó su pronunciamiento reiterando su disposición a participar en espacios de concertación, pero subrayó que el respeto a la ley debe ser la base para cualquier solución que se adopte frente a la crisis de movilidad en Ibagué.
