El secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, explicó las razones jurídicas y administrativas que derivaron en una orden de arresto domiciliario por desacato en su contra, asegurando que la dependencia ya no tiene competencia sobre los procesos de cobro coactivo, los cuales fueron trasladados a la Secretaría de Movilidad desde 2024.
El secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, se pronunció públicamente tras conocerse una orden de arresto domiciliario emitida por un juzgado municipal en su contra. La medida judicial está relacionada con un incidente de desacato dentro de un proceso de cobro coactivo. El funcionario sostuvo que la situación obedece a un malentendido administrativo, dado que su dependencia ya no tiene competencia sobre este tipo de trámites. Según explicó, la responsabilidad fue trasladada legalmente a otra secretaría. La aclaración se dio en medio de la atención mediática generada por el caso.
Gómez explicó que desde junio de 2024, mediante decisión del Concejo Municipal y en cumplimiento del Código Nacional de Tránsito, la competencia del cobro coactivo fue asignada a la Secretaría de Movilidad. Indicó que esta modificación administrativa quedó establecida en un acuerdo municipal debidamente aprobado. A partir de ese momento, la Secretaría de Hacienda dejó de conocer estos procesos. El funcionario reiteró que su despacho solo conserva funciones relacionadas con el recaudo. Esta situación, aseguró, ha sido informada a las autoridades judiciales.
De acuerdo con el secretario, se estableció un periodo de transición administrativa que se extendió hasta el mes de octubre de 2024. Durante ese tiempo se realizaron adecuaciones técnicas y administrativas para garantizar que la Secretaría de Movilidad asumiera plenamente los expedientes. En ese lapso, una ciudadana presentó una solicitud ante la Secretaría de Hacienda. Dicha petición fue remitida oportunamente a la dependencia competente. Esta actuación también fue comunicada al juzgado que conocía el caso.
No obstante, Gómez señaló que en el mes de noviembre se habrían generado nuevos requerimientos de información. Según el funcionario, estos no fueron atendidos dentro de los tiempos esperados, lo que derivó en la decisión judicial. “Parece que no llegó ninguna información ni al juzgado ni al peticionario, y por eso se produjo el problema”, explicó. Añadió que la situación se enmarca en las dificultades propias del traslado masivo de expedientes. La organización de la documentación, dijo, requiere tiempos adicionales.
El secretario reconoció que el volumen de procesos recibidos por la Secretaría de Movilidad ha generado retrasos. Manifestó que se trata de una situación recurrente en procesos de transición administrativa de esta magnitud. Sin embargo, aseguró que no ha existido intención de incumplir una orden judicial. Gómez reiteró que la Secretaría de Hacienda no puede pronunciarse sobre expedientes que ya no están bajo su competencia. Esta aclaración, insistió, ha sido comunicada en repetidas ocasiones.
En ese sentido, informó que en las últimas horas la Secretaría de Movilidad entregó la información solicitada. Dicha documentación será remitida al juzgado para dar respuesta formal al requerimiento. Con esta actuación, se busca evitar que la orden de arresto domiciliario se haga efectiva. El funcionario confía en que, una vez aclarados los hechos, la situación jurídica se resolverá. Reiteró su disposición a colaborar con las autoridades.
Gómez enfatizó nuevamente que la función actual de la Secretaría de Hacienda se limita al recaudo de multas de tránsito. Subrayó que los procesos de cobro coactivo fueron trasladados en su totalidad. “Esa competencia fue modificada y ya se les ha comunicado a los jueces”, puntualizó. Para el funcionario, el caso pone de relieve la importancia de la coordinación interinstitucional. También llamó a fortalecer los canales de comunicación entre dependencias.
Finalmente, el secretario aprovechó su pronunciamiento para recordar a empresarios y constructores que hasta el próximo 31 de enero está habilitado el plazo para solicitar los estímulos tributarios. Estos beneficios están contemplados en el Acuerdo 018 de 2024 y están relacionados con la generación de empleo y la construcción de infraestructura productiva. Gómez invitó al sector privado a aprovechar estos incentivos. Señaló que la medida busca dinamizar la economía local. La Secretaría de Hacienda mantiene abiertas las asesorías para los interesados.
