El representante a la Cámara lanzó críticas contra el presidente Abelardo De la Espriella y la gobernadora Adriana Matiz tras los ataques registrados en Planadas y Ataco. También cuestionó un recorte presupuestal de $321.000 millones y la responsabilidad política de administraciones anteriores.
La escalada de violencia en el sur del Tolima abrió un nuevo enfrentamiento político entre el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, la gobernadora Adriana Magali Matiz y el Gobierno Nacional. El congresista del Pacto Histórico cuestionó la respuesta institucional frente a los recientes hechos de orden público registrados en Planadas y Ataco. A través de sus redes sociales, reclamó mayor presencia del presidente Abelardo De la Espriella y del Ministerio de Defensa en esta zona del departamento. Según manifestó, el territorio necesita una intervención que combine acciones militares y atención social. Sus declaraciones se conocieron después de varios episodios violentos que mantienen preocupadas a las comunidades.
Uno de los hechos más graves ocurrió el primero de noviembre en Planadas, donde un ataque con explosivos dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y 18 heridas, de acuerdo con el balance divulgado por la Gobernación del Tolima. La detonación también ocasionó afectaciones en 177 viviendas y daños de consideración en la infraestructura hospitalaria del municipio. Las autoridades señalaron que el atentado habría estado dirigido contra instalaciones militares, aunque sus consecuencias alcanzaron a la población civil. La emergencia generó preocupación por el impacto humanitario y las condiciones de seguridad en la región.
A esta situación se sumó un nuevo ataque registrado el seis de noviembre en Ataco, donde dos artefactos explosivos lanzados desde drones detonaron cerca de la estación de Policía. Según la información oficial, los explosivos no dejaron personas heridas ni daños en la infraestructura. El hecho ocurrió mientras la Fuerza Pública adelantaba un operativo contra la minería ilegal en el sector de Puente Amarillo, corregimiento de Santiago Pérez. La Gobernación señaló que una de las hipótesis apunta a una posible retaliación de estructuras criminales frente a las operaciones realizadas en la zona.
En medio de este panorama, Hincapié cuestionó que el presidente y el Ministerio de Defensa no hayan encabezado, según su planteamiento, una respuesta directamente en el sur del departamento. «Pero ni Abelardo De La Espriella ni el Ministerio de Defensa se han aparecido por el sur del Tolima para liderar la respuesta militar y social que requiere el territorio», manifestó. Sin embargo, la Gobernación informó que el ministro de Defensa participó en un consejo extraordinario de seguridad convocado el dos de noviembre para abordar la situación de orden público. El cuestionamiento del congresista apunta, por tanto, a la presencia y el liderazgo institucional que considera necesarios en los municipios afectados.
Las críticas del representante también estuvieron dirigidas a la gobernadora Adriana Matiz, a quien le preguntó hasta cuándo continuaría atribuyendo las dificultades actuales a la administración anterior. En su pronunciamiento, Hincapié mencionó un recorte presupuestal de $321.000 millones, cifra que presentó como uno de los factores que afectan la gestión departamental. «Ya han pasado 3 meses de esta administración, y a usted no solo le recortaron $321.000 millones de presupuesto, sino que la han dejado sola ante esta arremetida criminal», escribió. La afirmación sobre el recorte corresponde a lo señalado por el congresista en sus redes sociales.
El legislador también vinculó la situación actual con la trayectoria política del barretismo en el departamento. En ese sentido, cuestionó los diez años de influencia de ese sector político y sostuvo que también existe una responsabilidad histórica frente a las condiciones sociales y económicas del Tolima. «La responsabilidad política de esta situación también recae en los 10 años de barretismo que tienen sumido al Tolima en la pobreza, el atraso y la falta de oportunidades», expresó. Estas declaraciones trasladaron la discusión sobre seguridad a un escenario de confrontación política entre sectores del departamento.
Por su parte, la gobernadora Matiz se desplazó a Ataco después del ataque con drones y participó en la coordinación de acciones con los mandos de la Fuerza Pública. La administración departamental relacionó preliminarmente los hechos con posibles retaliaciones frente a los operativos contra la minería ilegal en las riberas del río Saldaña. En el caso de Planadas, la mandataria también convocó un consejo extraordinario de seguridad con participación del Ministerio de Defensa y otras autoridades. Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades por los ataques y las posibles conexiones de las estructuras armadas con economías ilegales.
El cruce de declaraciones evidencia las diferencias entre dirigentes sobre la responsabilidad de los gobiernos nacional y departamental frente a la crisis de seguridad. Mientras Hincapié exige mayor presencia del Ejecutivo y cuestiona la gestión de la Gobernación, Matiz ha solicitado fortalecer el pie de fuerza y mantener acciones contra las estructuras criminales. En medio de estas posiciones, las comunidades de Planadas y Ataco enfrentan las consecuencias de los atentados, las restricciones y la incertidumbre. La prioridad para los habitantes sigue siendo recuperar la tranquilidad, contar con garantías de protección y recibir atención institucional.
