La alcaldesa Johana Ximena Aranda anunció un plan integral que incluye controles de ingreso, programas de rehabilitación para los oriundos de la ciudad y retorno asistido para quienes provienen de otras regiones, buscando preservar la seguridad y la convivencia en la capital tolimense.
La administración municipal de Ibagué adoptará medidas excepcionales ante el creciente arribo de habitantes en condición de calle procedentes de otros municipios y departamentos. La alcaldesa Johana Ximena Aranda confirmó que se pondrá en marcha un plan integral que contempla el cierre de fronteras como medida preventiva, además de acciones sociales y de salud pública. El objetivo, según explicó, es proteger la seguridad y la convivencia ciudadana, al tiempo que se brinda atención adecuada a esta población vulnerable.
La mandataria local precisó que la estrategia se centrará en dos líneas de acción: la rehabilitación y asistencia para quienes son oriundos de Ibagué, y el retorno asistido de quienes provienen de otras ciudades. “No estamos promoviendo la mendicidad. A quienes son de aquí, los acogemos y rehabilitaremos; a los demás, les ayudaremos a regresar a sus lugares de origen”, enfatizó Aranda, subrayando que se busca una intervención humanitaria y no una medida de exclusión.
La preocupación de la comunidad ha aumentado en los últimos meses debido al incremento de personas en situación de calle, especialmente en zonas comerciales y residenciales. Habitantes y comerciantes han manifestado inquietud por los efectos en la seguridad, la limpieza y el orden público. Ante este panorama, el gobierno municipal considera urgente adoptar un enfoque integral que combine control territorial, asistencia social y programas de reintegración.
El plan contempla un control más estricto en los accesos a la ciudad, con la coordinación de la Policía Metropolitana y el Ejército para verificar el flujo de personas y prevenir el ingreso masivo de habitantes de calle provenientes de otras regiones. Paralelamente, se desarrollarán brigadas de salud, programas de desintoxicación y procesos de capacitación laboral para los ibaguereños que deseen reintegrarse a la vida productiva.
La Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Salud liderarán las acciones de atención directa, con apoyo de entidades no gubernamentales y fundaciones especializadas en trabajo con población en situación de calle. Estos programas incluirán alimentación, alojamiento temporal y seguimiento psicológico, con la meta de ofrecer oportunidades reales de cambio para quienes lo requieran.
En el caso de los habitantes de calle de otras ciudades, el retorno asistido implicará coordinación con las autoridades de origen para garantizar un traslado seguro y digno. Este proceso se desarrollará bajo protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, evitando cualquier tipo de trato discriminatorio o inadecuado.
La alcaldesa Aranda resaltó que esta medida no pretende estigmatizar a quienes atraviesan esta difícil situación, sino establecer un equilibrio entre la atención social y la preservación del orden en la capital tolimense. “Nuestro compromiso es con la seguridad y la convivencia, pero también con la dignidad de las personas. Las soluciones deben ser humanitarias, responsables y sostenibles”, indicó la mandataria.
Con esta estrategia, Ibagué se suma a otras ciudades del país que han implementado medidas similares para regular la migración interna de habitantes en condición de calle. El reto ahora será mantener un equilibrio entre la contención del fenómeno y la garantía de derechos, en un contexto que demanda acciones conjuntas entre administraciones locales, sociedad civil y organismos nacionales.
