Pese a las promesas de rigurosidad, la gestión de la Contralora del Tolima no muestra resultados en la auditoría y sanción a los mandatarios locales.
En un contexto donde la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos deberían ser prioridad, ante la corrupción y los errores continuos de los alcaldes por falta de conocimiento de lo público, la Contralora Departamental del Tolima, Carolina Giraldo Velásquez, ha sido duramente cuestionada y criticada por su falta de acción y resultados en la vigilancia y auditoría de la gestión de los mandatarios del departamento.
Durante su gestión, la Contralora ha mantenido una postura que muchos consideran permisiva, permitiendo que los alcaldes desfilen constantemente por su despacho, acción vista por los mismos funcionarios de la entidad que prefieren guardar silencio por temor a replesarias, lo cual parece estar bien visto en un contexto de cercanía política y administrativa.
Esta situación ha levantado inquietudes sobre la independencia y efectividad de la Contraloría en su función de control.
A pesar de las expectativas creadas en torno a una vigilancia rigurosa de la utilización de los recursos públicos, la realidad es que hasta la fecha no se han dado a conocer resultados significativos de auditorías a los mandatarios locales. La ciudadanía y diversas organizaciones exigen explicaciones sobre la falta de sanciones ante posibles irregularidades que podrían estar ocurriendo en varios municipios del Tolima.
Uno de los casos más recientes que ha generado alarma es la denuncia presentada contra el alcalde de Casabianca Willian Cardona Orozco, quien, según información oficial, gastó más de 178 millones de pesos en alumbrado navideño durante el mes de diciembre de 2024. La denuncia cuestiona la justificación de dicho gasto, dado que la cifra resulta desproporcionada para un municipio de tamaño pequeño, comparándolo con sus vecinos Falan y Palocabildo, que son mas grandes y gastaron menos, lo que ha generado sospechas de mal manejo de recursos. Sin embargo, hasta el momento, la Contraloría no ha emitido una respuesta oficial ni ha iniciado un proceso de auditoría o sanción.
A pesar de la gravedad de la denuncia, las autoridades locales se han limitado a hacer declaraciones vagas, sin ofrecer pruebas claras sobre la justificación de estos gastos. La Contralora, Carolina Giraldo, no se ha pronuncido al respecto, no ha detallado en qué etapa se encuentra el proceso ni si se tomarán medidas concretas.
«Es alarmante ver cómo, a pesar de la importancia de las auditorías a los alcaldes y la supervisión de la gestión pública, no ha habido ninguna acción contundente ni sanción a quienes puedan estar incumpliendo sus responsabilidades. La Contralora parece estar más preocupada por mantener relaciones amistosas que velar por el correcto uso de los recursos públicos», señaló un analista político local.
Los críticos de la gestión de Giraldo Velásquez sostienen que, en lugar de cumplir con su rol de garantizar la correcta utilización de los recursos y sancionar la corrupción, la Contralora parece más enfocada en una política de tolerancia y proximidad con los alcaldes, lo que ha generado desconfianza entre los habitantes del Tolima.
Este panorama plantea un urgente llamado a la Contraloría del Tolima para que rinda cuentas a la comunidad y recupere la confianza de los ciudadanos en su capacidad para ejercer el control fiscal en el departamento.
