-NO reduce los recursos para los hospitales públicos ni privatiza el sector: el proyecto asegura que el 10% del Sistema General de Participaciones que antes se dedicaba a subsidios a la demanda se destine a la financiación de la red pública hospitalaria ($600 mil millones), ampliando la financiación contemplada en la normatividad vigente, además de crear un Fondo de Garantías para proteger a los hospitales que enfrenten crisis con recursos cercanos a $ 150.000 millones anuales.
-NO disminuye el porcentaje de contratación con la red pública del 60% al 40%: este se mantiene en 60% para el Régimen Subsidiado. Este porcentaje podrá disminuir si no cumple con los estándares de calidad, nuestro compromiso es con el usuario.
-NO le quita a los municipios y departamentos los recursos para promoción y prevención: los gobernadores y alcaldes contratarán las acciones colectivas de salud pública, bajo los lineamientos de política que defina el Ministerio de la Protección Social. Los alcaldes son los llamados a conformar las redes para ejecutar las acciones de salud pública, promoción y prevención, y las EPS continuarán haciendo las que hoy tienen a su cargo.
-NO reduce los recursos del Régimen Subsidiado: por el contrario suman $ 700.000 millones anuales, adicionales a los $ 800.000 millones que genera la Ley 1393 de 2010 y el billón que se incorpora con cargo del Presupuesto General de la Nación, a partir de 2012.
-NO favorece a ningún actor en particular, favorece al usuario: promueve el mayor acceso a servicios de excelente calidad e introduce disposiciones para mejorar y endurecer los controles a todos los que participan del sistema.
-NO promueve intermediarios que no agregan valor: con el giro directo de los recursos al prestador final de los servicios, la definición de plazos para agilizar los pagos entre agentes y la prohibición de la contratación por capitación bajo ciertas circunstancias que es la versión más nefasta y dañina de la intermediación, así como y medidas que aprovechan las economías de escala se favorece el uso eficiente de los dineros del sector.
-NO promueve la integración vertical ni modifica las normas que hoy regulan esa materia: mantiene el límite del 30% para la integración vertical entre EPS y prestadores de servicios.
-NO se centra ni limita a aspectos de sostenibilidad y financieros, por el contrario se concentra en garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios.
-NO limita la autonomía médica, por el contrario la reconocen y establece que el criterio médico prevalezca
