Pobladores de Ataco advierten que más de 100 retroexcavadoras operan sin control entre El Cóndor y Las Señoritas. Denuncian daño ambiental severo, rutas clandestinas de ingreso y posible implicación de grupos armados en la explotación ilícita.
Habitantes de Ataco, en el sur del Tolima, denunciaron que al menos 100 retroexcavadoras estarían interviniendo la zona comprendida entre El Cóndor y Las Señoritas, explotando oro de forma ilegal y sin supervisión estatal. Según la comunidad, la imagen difundida corresponde apenas al 50 % del daño real, lo que sugiere que la destrucción ambiental es mucho más grave de lo que se conoce oficialmente.
Las denuncias indican que la maquinaria pesada no ingresa por la vía principal —con vigilancia esporádica— sino por trochas terciarias y rutas alternas, lo que dificulta el control por parte de autoridades ambientales y de seguridad. “Solo falta que entren por vía aérea”, advierten líderes comunitarios, al tiempo que exigen intervención urgente ante lo que consideran una devastación acelerada.
El daño ambiental ya se evidencia en fuentes hídricas próximas al río Atá, donde se observan vertimientos, remoción masiva de tierra y destrucción de cauces naturales, poniendo en riesgo la biodiversidad local y la calidad del agua. Esta situación coincide con las alertas de Cortolima, que en 2025 reportó daños ambientales irreversibles por explotación minera ilegal en Ataco y municipios vecinos.
Pero el problema trasciende lo ambiental: pobladores advierten que posiblemente grupos armados ilegales estén detrás del negocio ilegal, controlando rutas, maquinaria y zonas de extracción. Esta hipótesis coincide con comunicados recientes en los que autoridades departamentales relacionan la minería ilícita con financiamiento de estructuras criminales en el Tolima.
Ante esta situación, comunitarios y líderes locales hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional, autoridades ambientales, policiales y de defensa para que se articulen operaciones que desmantelen la red ilegal. Exigen no solo controles superficiales, sino una intervención integral: decomiso de maquinaria, esclarecimiento de propietarios, seguimiento de recursos económicos y protección a quienes denuncian.
En esta región del país, los impactos de la minería ilegal son profundos: deforestación, contaminación de ríos, destrucción de ecosistemas y amenazas a las comunidades ribereñas, problemática denunciada en múltiples regiones de Colombia, donde se ha demostrado que la minería artesanal e ilegal agrava la vulnerabilidad ecológica.
Ya en agosto de 2025 se había logrado un golpe significativo: en un operativo conjunto entre Cortolima, Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial fue desarticulada una explotación ilegal en la vereda Pueblo Nuevo de Ataco, donde se incautaron retroexcavadoras y maquinaria de extracción.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que aquello fue apenas una parte del problema: muchas zonas críticas no han sido intervenidas, y la minería ilegal continúa expandiéndose por rutas ocultas. La preocupación se intensifica porque con cada día que pasa, los ecosistemas se deterioran más, las fuentes de agua se contaminan y el riesgo para las comunidades se agrava.
Hoy, la comunidad de Ataco espera acciones contundentes: presencia estatal persistente, operativos coordinados, protección a denunciantes y medidas estructurales que impidan la reactivación de estas redes de explotación ilegal. Porque, como advierten, no se trata solo de defender la tierra y los ríos: está en juego la vida, el ambiente y la paz en el sur del Tolima.
