El Ministerio de Salud anunció la suspensión de dos resoluciones que eran esenciales para la implementación de la reforma pensional, luego de que la Corte Constitucional ordenara devolver el proyecto a la Cámara de Representantes para corregir vicios de trámite. La decisión fue tomada mediante el Auto 841 de 2025.
Las resoluciones suspendidas, la 467 y la 832 de 2025, introducían modificaciones a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y al Registro Único de Afiliados (RUAF). Estas herramientas son fundamentales para operacionalizar el nuevo régimen pensional aprobado por el Congreso.
La Corte Constitucional dejó en pausa la implementación de la reforma tras detectar errores en su trámite legislativo. Aunque el Congreso ya cumplió con las correcciones en sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno, la Corte aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad definitiva de la Ley 2381 de 2024.
Ante este escenario jurídico, el Ministerio de Salud informó que se acogerá al auto emitido por la Corte y que detendrá los cambios que estaban programados con base en dichas resoluciones. Según el comunicado, estos ajustes “permanecerán suspendidos hasta tanto la Corte Constitucional adopte una decisión definitiva”.
Estas resoluciones hacían parte de la estrategia del Ejecutivo para implementar el nuevo modelo de pensiones, que modifica las reglas de cotización. En particular, plantea que los aportes a Colpensiones los realicen quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos, y quienes ganen más, contribuyan a fondos privados por el excedente.
Los cambios técnicos en la PILA y el RUAF eran necesarios para identificar con precisión a los afiliados, calcular aportes y organizar la transición entre los regímenes de pensiones actuales y el nuevo modelo. La suspensión afecta temporalmente el calendario de implementación.
Mientras la Corte define el futuro jurídico de la reforma, el Gobierno deberá mantener en pausa todos los actos administrativos derivados de esta ley. La situación genera incertidumbre entre los trabajadores, empleadores y fondos de pensiones, a la espera de una decisión definitiva.
Con esta medida, el Ministerio de Salud demuestra su disposición a acatar los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sin embargo, la incertidumbre sigue latente hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la validez formal y material de la reforma pensional.
