El llamado «Puente de la Vida», desde donde se han lanzado muchas personas, no podrá tener barandas de seguridad, como muchos deseaban, para evitar más fallecimientos.
El Consejo de Estado falló en segunda instancia una acción popular presentada por la Personería de Ibagué, que solicitaba medidas preventivas para evitar los suicidios en esta estructura.
Es importante recordar que en enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima dictaminó que el Municipio de Ibagué, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la sociedad APP Gica S.A. eran responsables de vulnerar derechos colectivos en materia de seguridad y salubridad públicas.
Las entidades mencionadas apelaron la decisión, lo que llevó el caso al Consejo de Estado, que les dio la razón y exoneró a la APP Gica y a la ANI de toda responsabilidad, ya que el puente cumple con el reglamento de seguridad como otros en el país.
«Se debe precisar que la infraestructura vial en sí misma no es el detonante, ni promueve ni propicia la conducta suicida en la ciudad de Ibagué. La Personería accionante no acreditó que algún suicidio esté directamente relacionado con una falla o defecto de la infraestructura vial, o con un error en su operación», precisa el fallo.
La afectada en esta decisión es la Alcaldía de Ibagué, que debe adoptar, implementar y aumentar políticas y programas que mejoren la salud mental de los ibaguereños.»Se insiste en que el ente territorial no aportó ninguna prueba que demuestre la ejecución de los programas mencionados, su periodicidad, o el acompañamiento realizado a los beneficiarios», subraya el documento judicial.
Ahora le toca al municipio, en un plazo de tres meses, hacer una evaluación exhaustiva de sus políticas de prevención del suicidio y modificar el Acuerdo Municipal 002 de mayo de 2021, que regula la política de salud mental, ante el Concejo Municipal en el siguiente periodo de sesiones.
Finalmente, la administración municipal deberá formular un plan de acción que fortalezca las actuales estrategias de prevención y atención a la salud mental, con especial énfasis en la prevención del suicidio. Este plan debe incluir un cronograma detallado que será supervisado por el tribunal.
