La política energética del gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo proceso tras la decisión de Estados Unidos de cancelar las licencias de exportación de petróleo venezolano, un movimiento que cerró la posibilidad de importar gas desde ese país. Ante este escenario, Ecopetrol decidió no avanzar en un acuerdo con Pdvsa para traer gas a Colombia mediante un gasoducto.
El presidente Petro, quien anteriormente sostuvo que el país no necesitaba importar gas, ahora ha reconocido que los recursos disponibles no son suficientes para cubrir la demanda nacional. Esta admisión marca un giro en su postura sobre la autosuficiencia energética.
En respuesta a la nueva realidad, el gobierno propone que Ecopetrol importe gas desde Catar a “precios razonables”. Sin embargo, expertos en el sector energético han expresado dudas sobre la viabilidad de esta alternativa, debido a los elevados costos asociados con la licuefacción del gas y su transporte desde el Medio Oriente.
El precio del gas en Colombia ya ha comenzado a aumentar en varias regiones, lo que ha generado preocupación entre los consumidores y las industrias que dependen de este recurso. Aunque el gobierno ha señalado a los privados como responsables de las alzas, analistas sostienen que las fallas en los planes de transición energética del Ejecutivo también han contribuido a la crisis.
El plan de importar gas desde Venezuela fue una de las apuestas del gobierno de Petro para garantizar el suministro sin recurrir a mercados más lejanos. No obstante, la inestabilidad en las relaciones entre Caracas y Washington terminó frustrando esta opción, lo que dejó a Colombia con menos alternativas viables.
Mientras el gobierno busca una solución, el sector energético advierte que los costos del gas importado podrían trasladarse a los consumidores finales, encareciendo aún más los servicios y afectando la competitividad de las empresas que dependen de este insumo.
La incertidumbre sobre el futuro del suministro de gas también ha generado inquietud entre los inversionistas del sector, quienes consideran que la falta de una política clara podría frenar el desarrollo de nuevos proyectos y exploraciones en el país.
Ante este panorama, el gobierno enfrenta el reto de garantizar la estabilidad energética sin que ello implique un incremento desmesurado en los costos para los ciudadanos, un desafío clave en medio de la discusión sobre la transición energética y la seguridad energética de Colombia.
