La concurrencia de turistas y cantidad de pueblos que celebran esta tradición es tan grande, que la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta este sábado 8 de junio para que las autoridades regionales se preparen y arranquen desde ya con los respectivos planes de seguridad y mitigación de cualquier tipo de riesgo.
Así las cosas, este organismo de control exhortó a los alcaldes y demás autoridades del Tolima y el Huila a anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública durante las festividades de San Pedro y San Juan.
Mediante un oficio dirigido a 12 alcaldes de esta parte del país, la Entidad solicitó a las administraciones municipales la adopción de medidas preventivas encaminadas a garantizar el orden público, para dar respuesta oportuna durante el desarrollo de los eventos, festividades, espectáculos con aglomeración de público y/o uso de animales en actividades de entretenimiento.
“Con este propósito el ente de control requirió cumplir las normas referentes a la implementación de los instrumentos establecidos para el proceso de gestión del riesgo de desastres, así como tener en cuenta los impactos del fenómeno de la niña anunciados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para el segundo semestre del año”, resaltó.
En su requerimiento a los mandatarios regionales, el Ministerio Público dejó claro que no hay que pasar por alto las afectaciones que se pueden generar en el país por culpa de las fuertes lluvias y pidió estar atento a las diferentes alertas que puedan emitirse en esta materia, siempre con el fin de mitigar el riesgo.
“La aparición de estos cambios climáticos desde el mes de junio de 2024, trae consigo lluvias intensas que pueden influir en inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra; por lo que es imprescindible que las autoridades locales, organismos de socorro y comunidades estén preparados para vigilar, precaver y mitigar posibles impactos adversos”, sostuvo la Procuraduría.
