El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade Ramírez, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones en el cierre y manejo del antiguo botadero a cielo abierto de la vereda San Miguel. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación y no constituye una decisión definitiva.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade Ramírez, por presuntas omisiones relacionadas con la gestión ambiental del antiguo botadero a cielo abierto ubicado en la vereda San Miguel, en el departamento del Tolima.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral, luego de establecer que, presuntamente, el entonces mandatario no habría cumplido con las obligaciones legales dirigidas al cierre, clausura y etapa de posclausura del sitio destinado a la disposición de residuos sólidos.
Según el organismo de control, dichas actuaciones debían ejecutarse conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), autoridad ambiental encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa en esta materia.
La investigación disciplinaria señala que el exfuncionario, al parecer, omitió adoptar las medidas necesarias para garantizar una adecuada gestión de los residuos sólidos en el municipio, situación que habría generado un posible incumplimiento de sus deberes como primera autoridad local.
Como resultado de la evaluación preliminar, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta investigada como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, calificación que hace parte del proceso disciplinario en curso.
No obstante, el ente de control aclaró que la formulación del pliego de cargos no constituye un fallo sancionatorio ni una declaración definitiva de responsabilidad disciplinaria, sino una etapa procesal contemplada por la ley.
Durante esta fase, David Mauricio Andrade Ramírez tendrá la oportunidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa, presentar pruebas, rendir descargos y controvertir los elementos que sustentan la investigación antes de que se adopte una decisión de fondo.
Con este proceso, la Procuraduría busca establecer si existió responsabilidad disciplinaria por las presuntas omisiones en materia ambiental, en un caso que pone de relieve la importancia del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y el manejo adecuado de los residuos sólidos en los municipios.
