Las autoridades locales del Tolima alzaron su voz frente a la posible adjudicación de tierras en Rovira a comunidades indígenas víctimas de desplazamiento, sin contar con diálogo ni garantías de seguridad. Exigen al Gobierno Nacional mayor articulación y respeto por los derechos humanos.
La posible adjudicación de tierras en el municipio de Rovira a comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado ha generado alerta entre autoridades del Tolima, ante la falta de concertación previa por parte del Gobierno Nacional. Esta situación motivó la convocatoria de una sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional, donde se analizó la Sentencia 0171 de 2025, que ampara la reubicación de estas poblaciones.
Durante la sesión, las autoridades reiteraron su llamado urgente al Gobierno para que estos procesos se desarrollen bajo condiciones dignas y seguras. El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, lamentó la ausencia del Director Nacional de Tierras y criticó la desconexión institucional con la región: “No están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna. Ya lo vivimos en municipios como Honda y Suárez”.
El alcalde de Rovira, Víctor Alfonso Gualtero, también manifestó su preocupación por la falta de información oficial. “No se nos ha notificado cuál es el predio asignado ni en qué vereda. Nos preocupa recibir a las víctimas en medio de una sentencia sin tener claridad, además de reportes sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona rural”, expresó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su delegada Ana María Enciso, ratificó su acompañamiento a las comunidades desplazadas. “La Defensoría garantiza un tratamiento humanitario, conforme a la Ley de Víctimas y sus protocolos. Nuestro respaldo es total en estos procesos”, indicó.
La sesión dejó en evidencia las tensiones entre las decisiones judiciales y la capacidad de los territorios para responder adecuadamente a la reubicación de comunidades en situación de vulnerabilidad. Las autoridades locales insisten en que no se trata de rechazar a las víctimas, sino de exigir un proceso transparente, planificado y seguro.
Asimismo, se planteó la necesidad de una hoja de ruta clara, en articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que las familias reubicadas cuenten con acceso a servicios básicos, oportunidades productivas y protección integral.
Los casos anteriores en municipios como Suárez y Honda, donde se presentó improvisación e incumplimiento de garantías mínimas, alimentan la preocupación actual en Rovira. Las autoridades piden que no se repita la historia.
El Comité de Justicia Transicional espera respuesta pronta del Gobierno Nacional para asegurar que la política de restitución y reubicación se ejecute de manera responsable y respetuosa con las dinámicas locales.
