Desde junio de 2023, Jesús Carrero espera una cirugía de adenectomía transuretral para tratar su hiperplasia prostática. Con órdenes vigentes y citas canceladas, su situación clínica se agrava ante la aparente inacción de la EPS.
Una familia de Ibagué denuncia negligencia médica por parte de la Nueva EPS en el caso de Jesús Carrero Capera, un adulto mayor que desde junio de 2023 aguarda la realización de una cirugía de adenectomía transuretral por hiperplasia prostática. Carrero estaba programado para operarse el 18 de septiembre de 2025, pero la operación fue cancelada un día antes por vía telefónica aduciendo que el cirujano tenía una situación que le impedía operar. Al volver con la orden autorizada, le respondieron que no había agenda disponible.
Mientras tanto, Carrero permanece con una sonda vesical, expuesto a infecciones urinarias recurrentes. Algunas de estas infecciones han sido tan graves que lo llevaron en dos ocasiones a la UCI en clínicas de la ciudad, incluyendo la Clínica Tolima y Medicadiz. Su familia afirma que, además del dolor y la gravedad de la dependencia a la sonda, han tenido que costear medicamentos por su cuenta debido a que la EPS no los ha entregado.
La orden médica tiene vigencia hasta el 24 de octubre de 2025, lo que añade urgencia al proceso, pues si esta caduca el procedimiento podría quedar en el limbo nuevamente. La familia teme que sigan acumulándose complicaciones de salud que podrían haberse evitado con la cirugía.
Frente al sufrimiento del paciente, los miembros de su familia hacen un llamado público a la Nueva EPS para que cumpla con sus obligaciones legales y garantice el derecho a la salud, incluyendo la programación inmediata de la cirugía y la entrega de los medicamentos requeridos. Plantean también la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud si persiste la omisión.
En meses anteriores, casos similares han sido objeto de tutela, como el expediente que involucra a otro adulto mayor en Ibagué cuya cirugía de próstata fue autorizada pero no ejecutada por demoras administrativas y falta de contrato entre la EPS y hospital. Este patrón evidencia una problemática sistemática en la realización de procedimientos urológicos especializados para adultos mayores.
Expertos en salud señalan que la ausencia de atención oportuna en casos de hiperplasia prostática puede derivar en daño renal, infecciones de vías urinarias frecuentes, y en casos extremos, condiciones de riesgo vital. Además, la calidad de vida del paciente se ve severamente afectada por la dependencia de dispositivos médicos como sondas vesicales, que pueden ocasionar dolor y complicaciones.
El médico tratante de Carrero afirmó que todas las evaluaciones necesarias han sido realizadas, y que el paciente está apto para cirugía, lo que hace aún más inaceptable el retraso. Apuntó al papel de la EPS para coordinar la agenda quirúrgica y los permisos institucionales, sin trabas administrativas.
La familia anunció que presentará una acción de tutela para garantizar que la cirugía sea programada sin más dilaciones. También piden a la Secretaría de Salud Municipal y Departamental que verifiquen el cumplimiento de los derechos del paciente, pues consideran que la salud pública y el derecho fundamental a la atención médica están siendo vulnerados.
