Familiares denuncian demoras y falta de disponibilidad de medicamentos formulados, mientras reclaman una respuesta coordinada de EPS, farmacia y autoridades sanitarias para evitar interrupciones en los tratamientos.
Una situación que genera preocupación entre familiares de pacientes de salud mental fue denunciada en Ibagué, donde usuarios aseguran estar enfrentando dificultades para acceder oportunamente a medicamentos formulados por sus especialistas. La denuncia apunta a presuntos problemas de disponibilidad en el proceso de dispensación y a demoras que estarían poniendo en riesgo la continuidad de algunos tratamientos.
Erika Bustos, familiar de una de las personas afectadas, manifestó que la EPS Sanitas estaría realizando las respectivas autorizaciones para los medicamentos, pero que al acudir a los puntos de Cruz Verde los usuarios recibirían como respuesta que no existen existencias disponibles. Esta situación, según la denunciante, habría obligado a varias familias a realizar repetidas gestiones sin obtener una solución definitiva.
Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con el vencimiento de algunas fórmulas médicas mientras los pacientes permanecen a la espera de sus medicamentos. Los familiares también cuestionan que, según su denuncia, en algunos casos no se estaría generando una constancia formal de los medicamentos pendientes, situación que dificulta dejar evidencia del incumplimiento y hacer seguimiento a las entregas.
La problemática adquiere especial relevancia cuando se trata de tratamientos de salud mental que requieren continuidad y seguimiento médico. La Superintendencia Nacional de Salud señala que las EPS tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna y continua de los medicamentos prescritos y que los problemas administrativos o de inventario no deben trasladarse al usuario.
Incluso frente a situaciones de desabastecimiento, existen disposiciones y decisiones judiciales que han reforzado la obligación de las EPS de buscar alternativas para garantizar la continuidad del tratamiento. La Superintendencia ha recogido lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 559 de 2025, según el cual, cuando un medicamento está desabastecido, debe gestionarse una alternativa determinada por el médico tratante para evitar la interrupción del tratamiento.
Cruz Verde, por su parte, informa oficialmente que los usuarios de EPS Sanitas deben presentar la fórmula médica y el respectivo código o volante de autorización para reclamar los medicamentos. La empresa también advierte en sus canales de atención que existen medicamentos que pueden estar sujetos a condiciones particulares de dispensación y disponibilidad.
Los denunciantes piden que Sanitas, Cruz Verde y las autoridades sanitarias del Tolima establezcan con claridad dónde se encuentra el inconveniente y quién debe garantizar la solución. Más allá del cruce de responsabilidades administrativas, las familias reclaman que se determine una ruta efectiva para entregar los medicamentos pendientes y evitar que nuevas fórmulas lleguen a su fecha de vencimiento sin ser atendidas.
La situación deja un llamado a las entidades responsables del aseguramiento y la dispensación para que atiendan las reclamaciones de los usuarios y garanticen la continuidad de los tratamientos. Mientras se espera una respuesta oficial sobre el caso particular de Ibagué, los familiares insisten en que la prioridad debe ser evitar interrupciones en la atención y brindar información clara sobre las fechas y mecanismos de entrega.
