El activista y veedor ciudadano Miguel Salamanca fue detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto Perales. La captura genera controversia sobre el ejercicio del control ciudadano y el uso de la fuerza pública.
Miguel Salamanca, reconocido veedor y activista ciudadano de Ibagué, fue capturado este jueves 7 de agosto por la Policía Nacional en inmediaciones del aeropuerto Perales, mientras intervenía en un procedimiento de tránsito. El hecho ha generado una fuerte polémica entre sectores que denuncian un posible exceso de fuerza y quienes defienden la legalidad del operativo.
Según versiones de testigos, Salamanca cuestionaba la legalidad de un procedimiento en el que un vehículo era subido a una grúa, pese a que el conductor aún se encontraba en su interior. Fue en ese contexto cuando, tras insistir en que se respetaran los derechos del ciudadano implicado, Salamanca fue reducido y detenido por los uniformados presentes.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial que aclare las razones exactas de la captura. Sin embargo, fuentes no oficiales indican que se trataría de un presunto caso de obstrucción a procedimiento policial, aunque este señalamiento no ha sido confirmado públicamente por la Policía Metropolitana ni por la Secretaría de Movilidad.
La situación revive el debate sobre el rol de los veedores ciudadanos, quienes se han convertido en actores clave en la denuncia de posibles irregularidades en operativos estatales. Salamanca es conocido por transmitir en vivo intervenciones relacionadas con tránsito, seguridad y espacio público, muchas veces generando controversia y atención mediática.
Cabe recordar que, días atrás, el mismo Salamanca fue víctima de un atropello por parte de un agente de tránsito en motocicleta, mientras grababa un operativo en la calle 103 con avenida Ambalá. El hecho quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, aumentando la presión sobre las autoridades por el manejo del uso de la fuerza.
Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han solicitado que se garantice la integridad del activista y que se respete su derecho a ejercer control social. Hasta ahora, se desconoce su paradero y las autoridades no han ofrecido información clara sobre su estado ni el lugar exacto de su detención.
El incidente ha generado protestas digitales y llamados a la transparencia institucional. Usuarios en redes sociales exigen respuestas sobre el tratamiento a los ciudadanos que cuestionan o fiscalizan a las entidades estatales. Algunos consideran el hecho como un intento de silenciar voces críticas en la ciudad.
Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana de Ibagué o la Secretaría de Movilidad se pronuncien sobre lo sucedido. Mientras tanto, familiares, colegas y seguidores del activista permanecen a la espera de información oficial sobre su situación jurídica y su estado de salud.
