La Corte Constitucional suspendió parcialmente el impuesto al patrimonio del Gobierno Petro, en medio de fuertes críticas de gremios y universidades que advierten impactos económicos y cuestionamientos constitucionales.
Un nuevo revés judicial enfrenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que la Corte Constitucional de Colombia suspendiera de manera provisional y parcial el impuesto al patrimonio decretado en el marco de la emergencia económica.
La decisión del alto tribunal constituye el primer pronunciamiento frente a las medidas tributarias adoptadas bajo este estado de excepción y frena el cobro de la segunda cuota prevista para mayo, mientras se estudia de fondo su constitucionalidad.
El impuesto, diseñado como una herramienta extraordinaria para recaudar recursos, grava el patrimonio —y no las utilidades— de empresas con activos superiores a 200.000 UVT (más de $10.474 millones), lo que generó cuestionamientos sobre su impacto en la liquidez empresarial.
La suspensión aplica específicamente a entidades sin ánimo de lucro, como universidades, fundaciones y organizaciones del régimen especial, así como a empresas en proceso de liquidación, que ahora quedan exentas temporalmente del segundo pago mientras se resuelve el caso.
La votación en la Sala Plena fue de seis magistrados a favor y tres en contra, reflejando divisiones internas frente a la medida. Aunque no se trata de una decisión definitiva, sí representa un freno importante en la estrategia fiscal del Ejecutivo.
En paralelo, el Consejo Gremial Nacional advirtió que este tipo de tributos genera “un deterioro real e inmediato” en la capacidad económica, la competitividad y la estabilidad financiera de las empresas, al exigir pagos basados en activos y no en ingresos.
El organismo también cuestionó el uso reiterado del estado de excepción para implementar medidas fiscales, señalando lo que considera un “patrón de abuso sistemático” de esta figura jurídica para resolver problemas que, a su juicio, deberían tramitarse por vías ordinarias.
A estas críticas se sumó la Asociación Colombiana de Universidades, que en un concepto enviado al proceso advirtió que el decreto “carece de motivación” suficiente y no explica con claridad ni el monto requerido ni el destino de los recursos, lo que podría hacerlo contrario a la Constitución.
Este fallo se produce en un contexto de tensión institucional, apenas un día después de otra decisión judicial que afectó medidas económicas del Gobierno. Mientras tanto, el futuro del impuesto al patrimonio queda en manos de la Corte, en una decisión que podría redefinir el alcance de las políticas fiscales en escenarios de emergencia.
