En una operación de la Sexta Brigada del Ejército y la Policía de Carabineros, se desmantelaron dos unidades de producción minera que extraían oro ilegalmente, generando ingresos ilícitos superiores a los 1.600 millones de pesos mensuales y devastando la principal fuente hídrica del sur del Tolima.
En una ofensiva sostenida contra las economías criminales en el departamento, tropas del Ejército Nacional lograron un impacto contundente al sur del Tolima. El operativo se centró en la vereda La Jabonera, jurisdicción del municipio de Coyaima, donde se detectó una explotación de oro a cielo abierto. Soldados del Batallón de Infantería n.º 17 General Domingo Caicedo lideraron la intervención tras semanas de labores de inteligencia técnica y humana. La misión buscaba neutralizar una de las fuentes de financiamiento más lucrativas para los grupos armados residuales que operan en la zona.
La operación militar permitió la incautación de un robusto inventario de maquinaria pesada destinada a la remoción de tierras y el lavado de sedimentos. Entre los elementos decomisados se encuentran una excavadora de gran alcance, cuatro motores de combustión tipo ACPM y dos dragas especializadas de tipo buzo. Asimismo, fueron inutilizados seis motores adicionales que facilitaban la succión de material desde el lecho del río Saldaña de manera ininterrumpida. Estos equipos representaban el brazo logístico de una organización delictiva que operaba sin ningún tipo de licencia ambiental o permiso oficial.
De acuerdo con los cálculos de las autoridades, este enclave minero lograba extraer diariamente un promedio de 110 gramos de oro de alta pureza. Esta producción ilegal sumaba al mes unos 3.300 gramos del metal precioso, los cuales eran comercializados en mercados negros nacionales e internacionales. El valor comercial ilegal de esta actividad se estima en aproximadamente $1.689 millones de pesos mensuales, recursos que fortalecían la capacidad bélica de grupos ilegales. Al cortar este flujo financiero, el Ejército Nacional debilita la logística y el control territorial de las estructuras residuales en el departamento.
El daño ambiental causado por esta práctica ilícita es calificado como alarmante por los expertos que acompañaron la diligencia judicial en el terreno. La explotación se realizaba directamente sobre la ribera del río Saldaña, la arteria hídrica más importante para la supervivencia de los habitantes del sur tolimense. El vertimiento de lodos y el movimiento de tierras alteran drásticamente el cauce y la calidad del agua consumida por miles de personas. Las autoridades advirtieron que la recuperación de esta zona de ribera podría tardar décadas debido a la erosión y sedimentación provocada.
La afectación hídrica trasciende los límites de Coyaima, impactando directamente el abastecimiento de agua para consumo doméstico en municipios como Saldaña, Ortega y Rioblanco. Además, la contaminación pone en grave riesgo las actividades agrícolas y agroindustriales de Chaparral, donde el agua del río es vital para los cultivos. El sector arrocero y cafetero, pilares de la economía regional, dependen de la pureza de este cauce para sus procesos de riego y procesamiento. Por ello, la intervención militar se considera también un acto de defensa de la soberanía alimentaria de la región.
Durante la intervención, se pudo constatar que los grupos al margen de la ley no implementaban ninguna medida de mitigación ambiental en las unidades de producción. El uso indiscriminado de motores generaba constantes derrames de combustibles y aceites que terminaban depositados en las aguas que abastecen a las comunidades indígenas locales. Esta negligencia criminal demuestra que el único interés de estas organizaciones es el lucro rápido, sin importar la salud de los pobladores. El Ejército Nacional reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia constante sobre los cauces estratégicos del departamento.
La Sexta Brigada extendió una invitación formal a la población civil de Coyaima y municipios aledaños para que se conviertan en los ojos de las autoridades. Se habilitaron canales de denuncia segura para reportar la presencia de maquinaria extraña o cambios inusuales en el color y caudal de los ríos locales. La colaboración ciudadana es considerada fundamental para prevenir que estos enclaves mineros se reactiven tras la salida de las tropas del área. Proteger el agua es, según los altos mandos, una tarea compartida entre la Fuerza Pública y la sociedad civil.
Finalmente, el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites de destrucción y judicialización pertinentes en el marco de la ley. Este golpe operacional envía un mensaje claro a los grupos residuales sobre la determinación del Estado para proteger los recursos naturales del Tolima. El Ejército Nacional mantendrá sus unidades desplegadas en el sur del departamento para garantizar que la minería ilícita deje de ser el motor de la violencia. La ofensiva continuará hasta neutralizar por completo las rentas que atentan contra el ecosistema y la paz regional.
