Documentos atribuidos a la Procuraduría y la Contraloría señalarían la existencia de sanciones e inhabilidades vigentes contra la concejal Luz Amanda Sánchez Torres. La situación abrió interrogantes sobre su permanencia en el Concejo y las actuaciones en las que habría participado.
La situación jurídica de la concejal de Cajamarca Luz Amanda Sánchez Torres genera cuestionamientos en el municipio, luego de que documentos fechados el 3 de septiembre de 2026 señalaran la existencia de sanciones e inhabilidades relacionadas con su actuación como funcionaria pública. Sánchez Torres fue elegida concejal en las elecciones territoriales de 2023 con el aval del Movimiento Indígena de Colombia, AICO, y actualmente integra el Concejo Municipal de Cajamarca, desde donde ha participado en diferentes sesiones, debates y estudios de proyectos de acuerdo.
De acuerdo con los documentos conocidos, la Procuraduría General de la Nación habría adelantado un proceso disciplinario que ya surtió una primera instancia y frente al cual fue presentado un recurso de reposición. Según la información suministrada, la eventual inhabilidad tendría vigencia hasta febrero de 2030. La situación ha generado interrogantes debido a que, pese a la existencia de estos registros, la cabildante habría continuado participando en actividades propias de la corporación municipal. Entre ellas estarían su intervención en comisiones y su participación en el análisis de iniciativas sometidas a consideración del Concejo.
Entre los casos mencionados figura el Proyecto de Acuerdo No. 15 de 2026, relacionado con la autorización al alcalde para promover, negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio, bajo los términos establecidos por la Ley 550 de 1999. Otro de los aspectos que genera cuestionamientos está relacionado con el reconocimiento económico por las sesiones del Concejo. Según la información conocida, Sánchez Torres habría recibido pagos desde febrero de 2025 por su participación en sesiones, pese a la situación jurídica que, de acuerdo con los documentos, estaría vigente.
El caso también abre interrogantes sobre los efectos que podrían tener las actuaciones de la concejal en los proyectos y decisiones en los que intervino, particularmente si su participación o voto hubiera resultado determinante. Sin embargo, establecer eventuales consecuencias jurídicas requiere un análisis de las autoridades y de las normas aplicables a cada actuación. La situación permanece bajo atención en Cajamarca mientras se espera conocer la posición oficial de la concejal y de las entidades competentes. Este medio intentó obtener su versión sobre los cuestionamientos, pero al cierre de esta información no se contaba con una respuesta completa frente a los señalamientos.
