El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó un aumento del 23,7 % al salario mínimo para 2026. El alto tribunal ordenó expedir en ocho días un nuevo decreto transitorio mientras estudia de fondo las demandas de nulidad presentadas contra la medida.
El histórico incremento del salario mínimo para 2026 quedó en pausa por decisión judicial. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de 2025. La norma había sido expedida por el Gobierno tras no lograrse consenso en la mesa de concertación. La medida cautelar busca evitar posibles afectaciones mientras se analiza el fondo del caso. La decisión tiene efectos inmediatos una vez notificada.
El decreto establecía un aumento del 23,7 %, considerado el más alto en la historia reciente del país. Con ese ajuste, el salario mínimo pasaba de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 para 2026. Sumado el auxilio de transporte, el ingreso total se aproximaba a los dos millones de pesos. El anuncio generó respaldo en sectores sindicales y críticas desde gremios empresariales.
La administración del presidente Gustavo Petro adoptó la decisión de manera unilateral. Esto ocurrió luego del fracaso de la mesa tripartita integrada por el Ejecutivo, empresarios y centrales obreras. La legislación colombiana permite este mecanismo cuando no hay acuerdo. Sin embargo, el porcentaje fijado desató un intenso debate técnico y jurídico.
Cerca de 30 demandas de nulidad fueron radicadas ante el alto tribunal. Los demandantes, en su mayoría sectores empresariales, cuestionaron la legalidad del procedimiento. Alegaron falta de sustento técnico, económico y constitucional suficiente. También señalaron que no se explicó de forma detallada la metodología utilizada para definir el porcentaje.
Según los argumentos presentados, el incremento superaba ampliamente las proyecciones de inflación y productividad. Los demandantes advirtieron posibles impactos negativos en el empleo formal. También expresaron preocupación por el efecto en pequeñas y medianas empresas. A su juicio, el decreto no justificó adecuadamente un ajuste de tal magnitud.
La Sección Segunda del tribunal acogió la solicitud de medida cautelar. La decisión no define aún la legalidad definitiva del decreto. Sin embargo, suspende sus efectos mientras se emite sentencia de fondo. El objetivo es prevenir eventuales daños irreparables en la economía y en el mercado laboral.
Como consecuencia, el Consejo de Estado ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto transitorio. El presidente y los ministros de Trabajo y Hacienda deberán fijar un porcentaje provisional. Este deberá sustentarse en criterios metodológicos verificables y acordes con la Constitución. El plazo máximo establecido es de ocho días hábiles.
La discusión ahora entra en una etapa clave para el país. El alto tribunal analizará si el decreto original cumplió con las normas que regulan la fijación del salario mínimo. Mientras tanto, la suspensión se mantiene vigente. El desenlace definirá el rumbo del ingreso base de millones de trabajadores en 2026.
