El alto tribunal ratificó la suspensión del incremento salarial para 2026 y exigió al Gobierno emitir una nueva norma con sustento técnico, en medio de una controversia jurídica y económica sobre el manejo de la política salarial en Colombia.
El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión del decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026, una decisión que mantiene en vilo la política salarial del país mientras se resuelve de fondo la legalidad del acto administrativo.
La determinación se produjo luego de que el alto tribunal rechazara los recursos que buscaban revertir la medida cautelar adoptada en febrero, ratificando que el decreto expedido por el Gobierno Nacional continúa sin efectos jurídicos.
En su pronunciamiento, la corporación concluyó que los argumentos presentados carecían de sustento legal suficiente y reafirmó su competencia para adoptar decisiones provisionales en este tipo de procesos, con el fin de evitar vacíos normativos.
El fallo establece que el Ejecutivo deberá expedir un nuevo decreto con un incremento transitorio del salario mínimo, ajustado a criterios técnicos y legales, sin que el tribunal haya definido un porcentaje específico para dicho aumento.
La controversia se intensificó tras los cuestionamientos del Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y del Ministerio de Hacienda, que advirtieron posibles impactos sobre la estabilidad macroeconómica del país.
Desde el Ejecutivo se argumentó que ordenar un nuevo decreto podría exceder el alcance de una medida cautelar, generando incertidumbre en los mercados y en la planeación financiera del Estado.
No obstante, el Consejo de Estado precisó que sí tiene la facultad de impartir este tipo de órdenes, señalando que su objetivo es garantizar la efectividad de una futura sentencia definitiva y evitar inconsistencias en la fijación del salario mínimo.
La decisión se da en el marco de múltiples demandas que cuestionan el incremento del 23,7 % decretado inicialmente, al considerar que no cumplía con los parámetros legales como inflación, productividad y crecimiento económico.
Mientras se emite un fallo de fondo, el país enfrenta un escenario de incertidumbre jurídica y económica, en el que el Gobierno deberá ajustar su política salarial conforme a los lineamientos exigidos por la justicia.
Este episodio reabre el debate sobre el equilibrio entre las competencias del Ejecutivo y el control judicial, así como sobre la necesidad de garantizar decisiones económicas con respaldo técnico y legal sólido.
