Los aspirantes del Pacto Histórico formalizaron su solicitud de inscripción para participar en la consulta interna del 26 de octubre. Ahora, la Registraduría revisará la validez de los documentos y definirá si continúan en la contienda.
Los precandidatos presidenciales Carolina Corcho y Daniel Quintero acudieron este martes a la sede de la Registraduría Nacional en Bogotá para radicar oficialmente su solicitud de inscripción, con el fin de participar en la consulta interna del Pacto Histórico. El proceso electoral está previsto para el próximo 26 de octubre y definirá quién representará a la coalición en la contienda presidencial de 2026.
La radicación de documentos se da tras semanas de incertidumbre jurídica, luego de que un fallo del Tribunal Superior de Bogotá ordenara habilitar la inscripción de precandidatos dentro de la coalición. Con esta decisión judicial, se buscó proteger los derechos políticos de los aspirantes y garantizar la participación ciudadana en la elección del candidato único del Pacto Histórico.
La Registraduría será ahora la encargada de verificar los documentos entregados por ambos precandidatos. Según la normativa electoral, la entidad debe revisar la validez de los avales, los soportes legales y las certificaciones aportadas, antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre su aceptación. El resultado será determinante para consolidar el mecanismo interno de la coalición de gobierno.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, manifestó que su participación en la consulta busca fortalecer la democracia interna del Pacto Histórico. Señaló que la inscripción representa un triunfo de la base ciudadana frente a los intentos de limitar la competencia política dentro de la colectividad. Además, invitó a los militantes a respaldar un “frente amplio” que permita alcanzar la Presidencia en primera vuelta.
Por su parte, Carolina Corcho, exministra de Salud, destacó que su candidatura cuenta con el respaldo de sectores sociales y populares que han acompañado su trayectoria política. En redes sociales, reiteró que su inscripción es también una defensa del derecho del pueblo colombiano a elegir y ser elegido, principio que, en su criterio, no puede verse afectado por disputas internas o trabas administrativas.
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá jugó un papel central en este escenario. La providencia, de carácter provisional, advirtió que la exclusión de precandidatos vulneraría derechos fundamentales y afectaría el pluralismo político. En ese sentido, la justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría abstenerse de aplicar medidas restrictivas que impidieran las inscripciones.
La consulta interna del Pacto Histórico será, según analistas, una prueba de fuego para medir la cohesión de la coalición. Aunque el mecanismo busca garantizar la unidad, sectores internos han expresado diferencias sobre la pertinencia de llevar el proceso hasta las urnas. Pese a ello, tanto Corcho como Quintero confían en que la ciudadanía legitime con su voto el liderazgo que representará al bloque progresista en las elecciones de 2026.
De esta manera, el panorama político del Pacto Histórico entra en una fase decisiva. La Registraduría deberá pronunciarse en los próximos días sobre la aceptación de las inscripciones, mientras los precandidatos inician el camino hacia la consulta de octubre. El resultado de este proceso no solo marcará la ruta de la coalición de gobierno, sino que también configurará el tablero electoral de la próxima contienda presidencial.
