La salida de Jorge Armando Cabrera de la gerencia de la USI tras apenas cinco meses revela un panorama crítico en la salud pública de Ibagué. Entre denuncias de corrupción, presiones políticas y maltrato laboral, la alcaldesa Johana Aranda dio un golpe de autoridad al remover al último hombre de confianza del exalcalde Andrés Hurtado, mientras decenas de trabajadores denuncian meses sin salario y amenazas de despido.
Un terremoto político y administrativo sacudió los cimientos de la salud pública en Ibagué con la salida de Jorge Armando Cabrera Gutiérrez de la gerencia de la Unidad de Salud de Ibagué (USI). Su destitución, ejecutada por la alcaldesa Johana Aranda, se convierte en un símbolo del distanciamiento con su antecesor Andrés Hurtado, bajo cuya sombra permanecía esta entidad. En apenas cinco meses, Cabrera acumuló escándalos que lo dejaron sin margen de maniobra.
La caída de Cabrera significa mucho más que un simple cambio administrativo. La USI era considerada el último bastión burocrático que sostenía la influencia de Hurtado en la Alcaldía. Con la salida de este funcionario, se desmantela el reducto político que servía de plataforma a los intereses del clan hurtadista. La decisión de Aranda marca un viraje hacia una independencia política que sus críticos venían reclamando.
Sin embargo, lo más preocupante no se limita a las pugnas de poder. Una treintena de trabajadores denunció haber trabajado durante meses sin recibir un solo peso de salario. Su labor, fundamental en campañas de vacunación y atención primaria, quedó invisibilizada por la administración. Los afectados afirman que han tenido que endeudarse y costear su seguridad social de forma personal, mientras sus familias padecen la incertidumbre económica.
Lejos de recibir respuestas a sus reclamos, los empleados aseguran haber sido víctimas de amenazas. Según su denuncia, cuando exigieron sus pagos, la respuesta fue que podían ser reemplazados fácilmente, pues había “montones de hojas de vida”. Este escenario de intimidación y precariedad laboral revela un trato indigno hacia quienes sostienen las jornadas de salud más sensibles de la ciudad.
En el ámbito contractual, la gestión de Cabrera estuvo marcada por polémicas que encendieron alarmas. Un ejemplo claro es el de Servitroal, una empresa que pasó en menos de un año de suministrar papelería por 34,9 millones de pesos a monopolizar contratos de aseo hospitalario con millonarias adiciones y prórrogas. El salto generó sospechas de direccionamiento y favoritismo en la adjudicación.
Otro caso cuestionado es el contrato de 478,6 millones de pesos adjudicado al Consorcio Biomédicos N&C 2025 para la compra de equipos médicos. Aunque en los documentos oficiales se justificó como una dotación para fortalecer la red pública, el proceso dejó serios vacíos técnicos y administrativos. Las dudas sobre la transparencia del procedimiento llegaron a los organismos de control.
Las críticas también apuntaron al ingreso de familiares y aliados políticos de Hurtado en la planta de personal de la USI. Muchos de ellos, según se denunció, se sindicalizaron inmediatamente para protegerse de despidos. Este blindaje fue interpretado como una estrategia para perpetuar la influencia del exalcalde en la entidad, incluso bajo la administración de Aranda, generando tensiones internas.
La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y el Ministerio de Salud abrieron indagaciones preliminares para esclarecer los múltiples señalamientos. El foco de las investigaciones está en la contratación cuestionada, la permanencia de cuotas políticas y las presuntas irregularidades en la administración de Cabrera. El cerco institucional, sumado al desgaste público, precipitó su salida.
La remoción de Cabrera, aunque celebrada por sectores críticos, deja en evidencia la profunda crisis que atraviesa la USI. El reto inmediato será recuperar la confianza de los trabajadores y garantizar la prestación eficiente de servicios de salud, mientras se sanea la entidad de los vicios que arrastra desde anteriores administraciones.
El interrogante que queda abierto es si Johana Aranda logrará mantener un verdadero distanciamiento del clan Hurtado o si, con el paso del tiempo, volverán a permear decisiones clave. Lo indiscutible es que, por ahora, la caída de Cabrera significa un golpe contundente para las aspiraciones políticas de su exjefe, y marca un remezón en la dinámica de poder en la capital tolimense.
