La gobernadora Adriana Magali Matiz pidió a las comunidades no dejarse instrumentalizar por estructuras criminales, mientras lidera en Chaparral un Consejo de Seguridad de emergencia por los hechos de violencia registrados en Rioblanco y advierte sobre nuevas amenazas, citaciones y extorsiones en zonas rurales de Rovira.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, elevó este domingo un llamado contundente a las comunidades rurales del departamento ante la aparición de nuevas amenazas, citaciones y exigencias extorsivas que estarían siendo promovidas por grupos armados ilegales. La mandataria señaló que habitantes de diferentes sectores rurales de Rovira estarían recibiendo comunicaciones intimidatorias atribuidas a estructuras disidentes de las FARC. Ante este panorama, reclamó una respuesta coordinada de las instituciones y pidió a los ciudadanos no convertirse en instrumentos de las organizaciones criminales.
A través de sus redes sociales, Matiz aseguró que las autoridades tienen conocimiento de citaciones y exigencias económicas que estarían llegando a campesinos y habitantes de distintas zonas rurales de Rovira. La gobernadora manifestó su preocupación por el impacto que estas acciones pueden generar sobre las familias y comunidades que permanecen en sus territorios. Según la mandataria, las estructuras ilegales buscarían utilizar a la población civil para transmitir amenazas, impartir órdenes y ejercer presión sobre diferentes sectores. Por ello, insistió en la necesidad de cortar cualquier mecanismo de instrumentalización de los ciudadanos.
El llamado de la gobernadora fue especialmente dirigido a quienes estén siendo convocados o intimidados por organizaciones al margen de la ley. Matiz sostuvo que ningún campesino, comerciante o familia debe colaborar con estructuras criminales que pretendan imponer sus intereses mediante el miedo. En ese sentido, pidió a los habitantes actuar con prudencia y evitar acatar instrucciones provenientes de grupos armados ilegales. La mandataria también reiteró que las comunidades no deben asumir funciones de intermediación ni convertirse en vehículos para transmitir amenazas u órdenes criminales.
La gobernadora también solicitó fortalecer de manera inmediata las capacidades de la Fuerza Pública en las zonas donde se han conocido estas situaciones. El llamado incluye un mayor despliegue operativo, control territorial y labores de inteligencia para identificar a los responsables de las intimidaciones. Matiz señaló que la respuesta institucional debe concentrarse especialmente en las áreas rurales donde existe presencia o influencia de estructuras armadas ilegales. El objetivo, según la mandataria, es anticiparse a nuevas acciones violentas y garantizar condiciones de seguridad para las comunidades.
Mientras se conocían estas advertencias en Rovira, la gobernadora se trasladó a Chaparral para asumir directamente la conducción de las acciones institucionales frente a la situación de orden público que afecta al sur del Tolima. Desde este municipio lidera un Consejo de Seguridad de emergencia, convocado para analizar los recientes acontecimientos registrados en Rioblanco y definir medidas inmediatas. La decisión de desplazarse desde Ibagué busca articular desde el territorio la respuesta de las autoridades. La mandataria reiteró que la protección de las comunidades constituye una prioridad para el Gobierno Departamental.
En Chaparral, la Gobernación articula las acciones con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En este dispositivo participa el comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, junto con las demás autoridades responsables de seguridad e investigación. La coordinación interinstitucional busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a las amenazas que afectan al sur del departamento. Las autoridades analizan información de inteligencia, condiciones de seguridad y alternativas para reforzar la presencia estatal en las zonas más afectadas.
La situación en Rovira y los hechos recientes en Rioblanco reflejan un escenario de preocupación para las comunidades rurales del Tolima, especialmente ante posibles intentos de grupos ilegales por ejercer control social mediante amenazas y extorsiones. Frente a ello, la mandataria pidió a los ciudadanos mantener comunicación permanente con las instituciones y reportar cualquier situación que pueda comprometer su integridad. Matiz fue enfática en solicitar que no se realicen pagos ni se atiendan citaciones de organizaciones criminales. La denuncia oportuna, sostuvo, resulta fundamental para facilitar la acción de las autoridades.
Finalmente, la gobernadora Adriana Magali Matiz insistió en la necesidad de recuperar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones legalmente constituidas. Su mensaje a las comunidades de Rovira y del sur del Tolima es que el Estado no abandonará los territorios y que la respuesta frente a las estructuras criminales será mediante la acción coordinada de la Fuerza Pública y la Fiscalía. Desde Chaparral, la mandataria mantiene el seguimiento a la situación y lidera las decisiones de seguridad. El propósito es garantizar la protección de la población civil, recuperar el control territorial y evitar que los grupos ilegales sometan a las comunidades mediante el miedo.
