Una declaración atribuida al presidente Abelardo de la Espriella sobre las acciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada abrió un debate sobre el alcance del discurso oficial, el uso legítimo de la fuerza y la obligación del Estado de actuar dentro del marco constitucional.
Una declaración del presidente Abelardo de la Espriella sobre la respuesta del Estado frente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada generó cuestionamientos y abrió un nuevo debate nacional sobre el lenguaje utilizado por el Gobierno para referirse a los grupos armados. Según la información proporcionada, durante una intervención presidencial se afirmó: “el que no se someta va a terminar en una bolsa”, expresión que ha sido interpretada por sectores críticos como una referencia a una respuesta de máxima contundencia frente a quienes no acaten el llamado de sometimiento.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son una estructura armada que ha sido objeto de operaciones de las autoridades y que en 2025 fue catalogada como Grupo Armado Organizado. En marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para proteger a la población civil durante los enfrentamientos entre esta organización y el Clan del Golfo, mientras que en agosto el Gobierno nacional anunció el cierre del espacio de conversación sociojurídica con las ACSN al considerar que no existían avances suficientes hacia el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de la estructura.
El debate generado por la declaración presidencial se concentra en la diferencia entre enfrentar militarmente a una organización armada y presentar públicamente la muerte como consecuencia automática de no someterse. La Constitución colombiana establece garantías relacionadas con el debido proceso y señala que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, ante una autoridad competente y con respeto por las garantías judiciales. También establece la presunción de inocencia para las personas mientras no exista una decisión judicial que determine su responsabilidad.
En materia de seguridad, el ordenamiento colombiano contempla el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades bajo condiciones determinadas por la ley. La normativa establece que la fuerza debe ser necesaria, proporcional y racional, mientras que la jurisprudencia constitucional ha señalado que su utilización debe estar sometida a principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con especial protección del derecho fundamental a la vida.
La discusión también ha traído a la memoria uno de los episodios más graves del conflicto armado colombiano: las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. En el marco del Caso 03, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció una cifra de 6.402 víctimas para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, dentro de las investigaciones sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Ese antecedente forma parte del contexto utilizado por quienes cuestionan cualquier discurso que pueda interpretarse como una autorización para actuar al margen de los procedimientos judiciales. La discusión no significa desconocer la obligación estatal de enfrentar a las organizaciones armadas ni las facultades de la Fuerza Pública, sino examinar los límites jurídicos que deben acompañar las operaciones de seguridad y las declaraciones de los responsables de conducir la política estatal.
La controversia adquiere especial relevancia porque las decisiones de seguridad tienen efectos tanto sobre los integrantes de las organizaciones armadas como sobre las comunidades que viven en los territorios donde estas estructuras ejercen presencia. La Defensoría del Pueblo ha advertido precisamente sobre la necesidad de mantener a la población civil al margen de los enfrentamientos y de garantizar condiciones humanitarias en las zonas afectadas por la confrontación armada.
El episodio deja planteada una discusión sobre la forma en que el Gobierno comunica su política de seguridad y sobre el equilibrio entre autoridad, fuerza legítima y garantías constitucionales. Mientras la administración de De la Espriella ha optado por una política de confrontación y sometimiento frente a diferentes estructuras armadas, el debate público continúa alrededor de los límites que deben acompañar esas acciones, particularmente frente al derecho a la vida, el debido proceso y las obligaciones del Estado dentro del orden constitucional.
