Durante la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía rechazó que haya existido ocultamiento de elementos probatorios, mientras la Corte ordenó revisar inconsistencias en el descubrimiento de pruebas antes de continuar con la diligencia.
La audiencia preparatoria del proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, quedó marcada por una controversia relacionada con el descubrimiento de elementos probatorios. La diligencia se desarrolla ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que busca determinar las responsabilidades penales que correspondan.
Durante la audiencia, las defensas de los exfuncionarios cuestionaron la forma en que algunos elementos fueron incorporados y puestos a disposición dentro del proceso. Entre los reparos se mencionaron inconsistencias relacionadas con archivos y carpetas que, según los abogados, dificultaban la revisión completa del material que debía ser conocido antes del juicio.
Frente a estos planteamientos, la Fiscalía rechazó la interpretación según la cual habría ocultado deliberadamente elementos de prueba a las defensas. El ente acusador calificó de “equivocada” esa lectura y sostuvo que las actuaciones relacionadas con el material probatorio correspondían al desarrollo del procedimiento judicial y a las labores propias del descubrimiento de las pruebas.
Sin embargo, la controversia tuvo consecuencias concretas durante la diligencia. El magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien conduce el proceso, ordenó a la Fiscalía y a las defensas realizar una revisión conjunta de las inconsistencias encontradas en el descubrimiento probatorio y concedió un plazo de tres semanas para adelantar esa verificación.
La Corte Suprema tenía programada para el 21 de septiembre de 2026 la audiencia pública preparatoria dentro del proceso seguido contra Bonilla y Velasco, identificados por el alto tribunal como exministros de Hacienda y Crédito Público y del Interior, respectivamente. La diligencia corresponde a la etapa previa al eventual juicio oral y se tramita bajo las reglas de la Ley 906.
El proceso está relacionado con las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD y otros proyectos vinculados al Instituto Nacional de Vías. La Fiscalía sostiene una hipótesis sobre la presunta participación de los exfuncionarios en hechos relacionados con el direccionamiento de contratos y proyectos para favorecer a congresistas a cambio de respaldo a iniciativas del Gobierno.
Las defensas, por su parte, han controvertido diferentes elementos de la investigación y han planteado cuestionamientos sobre la forma en que fueron obtenidos, incorporados o entregados determinados materiales. La discusión sobre las pruebas no representa por sí misma una decisión sobre la responsabilidad penal de los procesados, pues será durante las etapas correspondientes cuando la autoridad judicial deberá valorar los elementos admitidos y las posiciones de las partes.
La controversia sobre el descubrimiento probatorio deberá resolverse antes de que avance la siguiente fase del proceso. Mientras la Fiscalía mantiene que no existió un ocultamiento deliberado, la decisión de la Corte de conceder un plazo para revisar las inconsistencias muestra que las partes deberán verificar el material de manera conjunta antes de continuar con la preparación del juicio. Bonilla y Velasco mantienen su condición de procesados y su responsabilidad deberá ser determinada por la justicia mediante las garantías del debido proceso.
