Tres concejales de Melgar exigen a la Procuraduría y al Ministerio de Trabajo investigar presuntas presiones y hostigamiento a contratistas vinculados a la administración anterior, además de retrasos en sus pagos, generando un clima de inestabilidad laboral.
La administración de Melgar, bajo el liderazgo de Francisco Antonio ‘Pacho’ Bermúdez, enfrenta una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Trabajo por supuestas presiones a contratistas de la administración anterior. Los concejales Julieth Bejarano Perilla, Karen Silva Duarte y Kevin Jaraba Oyola firmaron la solicitud, pidiendo la intervención inmediata de los organismos de control.
En la misiva enviada al procurador Adolfo León Varela, los concejales alertaron sobre un ambiente de hostigamiento laboral contra los contratistas y funcionarios vinculados a la gestión del exalcalde Rodrigo Hernández. Señalaron que las presiones buscan forzar la renuncia o terminación anticipada de los contratos de estos trabajadores.
Según los denunciantes, las amenazas incluyen advertencias de que los pagos a los contratistas no se realizarán hasta enero de 2026, lo que agrava la situación de inestabilidad. En este contexto, los cabildantes instaron a una investigación formal y exigieron la adopción de medidas para evitar lo que consideran una «inminente masacre laboral».
La denuncia surge en un momento de tensión política, tras la revocatoria de la elección del exalcalde Rodrigo Hernández por parte del Consejo de Estado, lo que habría intensificado las disputas dentro de la Alcaldía. Los conflictos entre la nueva administración y los contratistas de la anterior gestión han generado un ambiente tenso y perjudicial para los empleados municipales.
En respuesta a las acusaciones, la Alcaldía de Melgar publicó un comunicado en redes sociales, en el que negó rotundamente los señalamientos de persecución laboral. Aseguraron que los retrasos en los pagos se deben a una crisis económica y financiera del municipio, provocada por compromisos presupuestales superiores al recaudo local.
La administración de Bermúdez explicó que el déficit de caja ha afectado la puntualidad en los pagos a contratistas, y detalló que los recursos se liberarán conforme se logre estabilizar la situación fiscal. Además, reconocieron que algunos contratos de prestación de servicios fueron suscritos sin una proyección adecuada de los recursos disponibles, lo que complicó la ejecución financiera.
El comunicado también subrayó que las decisiones adoptadas buscan ordenar las finanzas del municipio, y que los pagos se realizarán de acuerdo con el Programa Anual de Caja (PAC). Sin embargo, este esfuerzo de reorganización no ha sido suficiente para calmar las críticas de los contratistas y la oposición política.
Finalmente, las autoridades competentes deberán determinar si existen pruebas suficientes para iniciar una investigación disciplinaria contra el alcalde Bermúdez o sus funcionarios. Los concejales esperan que las medidas adoptadas aseguren la estabilidad laboral de los contratistas y se aclare la situación que afecta a la administración municipal en este inicio de mandato.
