Una investigación de la Fiscalía General reveló que doce uniformados activos de la Policía Metropolitana de Bogotá habrían cometido múltiples delitos bajo el uso de su autoridad. Los agentes están acusados de capturar inocentes, extorsionar a delincuentes y robar cable en alianza con habitantes de calle.
Una red de corrupción dentro de la Policía Metropolitana de Bogotá fue revelada por la Fiscalía General de la Nación, dejando al descubierto una trama delictiva que involucra a doce uniformados activos. Entre los capturados figuran un teniente y once patrulleros, señalados de utilizar su autoridad para cometer delitos como capturas arbitrarias, extorsión, manipulación de pruebas y hurto de infraestructura pública.
Según el ente investigador, los policías habrían desarrollado una estrategia sistemática para alterar estadísticas y obtener beneficios personales. El modus operandi incluía la detención de ciudadanos inocentes a quienes se les sembraban pruebas, especialmente estupefacientes, con el fin de justificar procedimientos ante sus superiores. Estas capturas eran reportadas como éxitos operativos, aunque en realidad se trataba de abusos de poder.
Las audiencias judiciales revelaron que, en varios casos, los uniformados también extorsionaban a delincuentes capturados por delitos reales como hurto o tráfico de drogas. A cambio de no ser judicializados, los agentes exigían dinero, dejando en libertad a los responsables. Esta práctica ponía en riesgo la seguridad ciudadana y favorecía la impunidad dentro de la capital del país.
Uno de los hechos más alarmantes fue la participación de algunos policías en el robo de cable perteneciente a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Según la Fiscalía, estos uniformados actuaban en complicidad con habitantes de calle, quienes eran utilizados para sustraer el cable, quemarlo y extraer el cobre, sin que los hechos fueran reportados a las autoridades competentes.
El descubrimiento de esta red fue posible gracias a la infiltración de un agente encubierto, quien durante meses recopiló evidencia contundente de las actividades ilegales. Grabaciones de audio y reportes manipulados hacen parte del material probatorio presentado por el ente acusador. En uno de los audios, un policía intenta justificar una captura ilegal diciendo: “Este es el verdadero propietario de la tarjeta. En este momento no hay una víctima como tal”.
De los doce uniformados capturados, nueve fueron enviados a prisión preventiva y los tres restantes recibieron detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía los señala de haber participado en al menos 26 actos delictivos, incluyendo capturas ilegales, abuso de autoridad, falsedad en documento público, extorsión y hurto calificado.
Este escándalo ha generado preocupación entre la ciudadanía, que exige medidas drásticas para depurar la institución policial. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que casos como este socavan la confianza en la fuerza pública y afectan gravemente el Estado de derecho. La Policía Nacional, por su parte, anunció que colaborará con las investigaciones y tomará acciones disciplinarias internas.
El caso ha sido calificado por las autoridades como una de las infiltraciones criminales más graves dentro de la fuerza pública en Bogotá en los últimos años. La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones para determinar si existen más uniformados vinculados a esta red y evitar que hechos similares sigan ocurriendo bajo la impunidad.
