Una operación militar en la vereda Amoyá, zona rural de Chaparral, permitió al Ejército Nacional inhabilitar una unidad de producción minera ilegal que, presuntamente, financiaba al GAO-r Bloque Occidental Comandante Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz. La intervención también evitó un grave impacto ambiental sobre los recursos naturales del sur del Tolima.
En una contundente operación contra la explotación ilícita de minerales, tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional lograron desmantelar una unidad de producción minera ilegal que operaba en la vereda Amoyá, jurisdicción del municipio de Chaparral, sur del Tolima. La acción representa un nuevo golpe a las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados residuales que delinquen en esta región del país.
La intervención fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 17 General Domingo Caicedo, quienes, en desarrollo de operaciones de control territorial, ubicaron un complejo dedicado a la extracción ilegal de oro. Según las autoridades, la actividad minera se realizaba sin permisos ambientales ni títulos que autorizaran la explotación del yacimiento.
De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, esta estructura ilegal estaría al servicio del GAO-r Bloque Occidental Comandante Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz, organización que, presuntamente, obtenía millonarios recursos producto de la comercialización ilegal del mineral extraído en esta zona del departamento.
Durante el procedimiento fueron inutilizados una retroexcavadora marca Hitachi, una draga tipo buzo, un motor de combustión a ACPM, 100 galones de combustible y una clasificadora de material, equipos fundamentales para mantener la operación minera clandestina. Todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
Las autoridades estimaron que esta intervención representa un golpe económico inmediato cercano a los 470 millones de pesos, además de afectar una capacidad de producción aproximada de 3.000 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado formal supera los 1.000 millones de pesos. En total, las pérdidas para la organización ilegal serían cercanas a 1.653 millones de pesos mensuales.
Además del impacto sobre las finanzas del grupo armado, la operación permitió detener una actividad que venía ocasionando graves afectaciones al ecosistema. La explotación ilegal generaba deterioro de la cobertura vegetal, remoción indiscriminada del subsuelo y alteraciones sobre las condiciones naturales del terreno en esta zona montañosa del sur del Tolima.
Las autoridades también advirtieron que la actividad minera representaba un alto riesgo para las fuentes hídricas cercanas debido al posible vertimiento de combustibles, especialmente ACPM, así como al arrastre de sedimentos y otros materiales contaminantes que comprometen la calidad del agua y afectan la biodiversidad de la región.
Con este resultado operacional, el Ejército Nacional reafirmó su compromiso de continuar adelantando operaciones contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados residuales y afectan el medio ambiente. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con minería ilegal, reiterando que la protección de los recursos naturales y la seguridad del territorio siguen siendo una prioridad para la Fuerza Pública.
