El proceso judicial contra la exalcaldesa de Rioblanco, Elizabeth Barbosa, dio un nuevo giro luego de conocerse que este lunes podría recuperar su libertad por vencimiento de términos. La exmandataria es investigada por presuntos nexos con disidencias de las antiguas Farc que operan en el sur del Tolima.
Gran controversia política y judicial se ha desatado en el Tolima tras conocerse que la exalcaldesa de Rioblanco, Elizabeth Barbosa, recuperaría su libertad en las próximas horas por vencimiento de términos dentro del proceso que enfrenta por presuntos vínculos con grupos armados ilegales.
La exmandataria fue capturada en abril de 2024 en la ciudad de Bogotá por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación cuando salía de su residencia con destino al Congreso de la República, donde trabajaba en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara Olga Beatriz González.
Las investigaciones adelantadas por la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales la vinculan presuntamente con estructuras disidentes de las extintas Farc que delinquen en el sur del Tolima, específicamente con el frente Ismael Ruiz.
Según la Fiscalía, durante su administración entre los años 2020 y 2023, Barbosa habría coordinado supuestos apoyos logísticos y financieros para integrantes de ese grupo armado ilegal, incluyendo dinero, medicamentos y equipos de comunicación.
El caso ha generado múltiples reacciones debido a que, durante su periodo como alcaldesa de Rioblanco, la hoy procesada denunció en reiteradas oportunidades amenazas de muerte provenientes de las mismas estructuras armadas a las que ahora la relacionan judicialmente.
Incluso, informes de inteligencia conocidos en ese momento advertían sobre posibles atentados en su contra, situación que provocó medidas especiales de seguridad y preocupación entre sectores políticos del sur del departamento.
Tras su captura, Elizabeth Barbosa fue presentada ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir agravado.
Ahora, el eventual vencimiento de términos reabre el debate sobre las demoras de la justicia colombiana en procesos de alto impacto y sobre la eficacia del sistema judicial para resolver investigaciones relacionadas con presuntos nexos entre dirigentes políticos y grupos armados ilegales.
