El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, cuestionó el incremento del 23,7% decretado para 2026 y advirtió sobre impactos fiscales, encarecimiento de productos y pérdida de competitividad que —según el gremio— pondrían en jaque la recuperación económica del país.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó su preocupación por el aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026 y aseguró en entrevista con La W que la medida “pone en jaque la economía del país”. Cabal afirmó que el Gobierno no ha mostrado “la otra cara de la moneda”, refiriéndose a los costos y efectos secundarios que, a su juicio, trae el incremento. El pronunciamiento del líder gremial reaviva el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad económica.
El dirigente gremial calificó el incremento como “irresponsable” y alertó sobre su efecto fiscal, afirmando que golpearía las ya fragilizadas finanzas públicas. Cabal se mostró especialmente inquieto por el manejo presupuestal y la capacidad del Estado para financiar otras obligaciones si se mantienen estas decisiones salariales. Para el presidente de Fenalco, la magnitud del aumento exige una discusión amplia sobre la sostenibilidad de la política económica.
Según Cabal, el impacto macroeconómico podría derivar en una conducta restrictiva del Banco de la República, que se vería obligado a subir las tasas para contener la inflación. “Esto generará encarecimiento de los créditos y desestimulará el consumo”, dijo, y añadió que las consecuencias sobre la actividad productiva y la demanda interna podrían ser significativas si no se adoptan medidas complementarias.
El líder gremial también advirtió sobre efectos en la inversión y en la operatividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que enfrentan costos laborales crecientes. Empresarios han señalado que ajustes bruscos en costos fijos pueden traducirse en menor empleo formal o en retracción de contratación, un punto que aparece recurrente en el debate público. Fenalco pide acompañamiento fiscal y medidas que mitiguen el golpe sobre la productividad.
En relación con la competitividad, Cabal sostuvo que un salario mínimo elevado, combinado con un dólar relativamente barato, favorece la entrada de productos importados, lo que “daña la producción nacional”. Para el presidente del gremio, esa dinámica debilita la capacidad de las empresas locales de competir en precio y calidad, afectando a sectores ya golpeados por la recuperación económica lenta.
La intervención de Fenalco se suma a otros cuestionamientos de expertos y exministros que han advertido sobre riesgos de desempleo y sobrecostos en las empresas si no hay políticas complementarias. En ese marco, organismos empresariales piden medidas compensatorias —como incentivos tributarios o subsidios temporales— para proteger el empleo y la cadena productiva.
Frente a las críticas, el diálogo entre el Gobierno, sindicatos y gremios se percibe como clave para ajustar la implementación del aumento y mitigar sus efectos no deseados. Analistas subrayan la necesidad de políticas combinadas que acompañen el poder adquisitivo con estímulos a la productividad y respaldo fiscal. La mesa de negociación será determinante para el impacto real de la medida.
Mientras tanto, el debate público en torno al salario mínimo seguirá intensificándose en las próximas semanas, en un contexto económico y político sensible de cara a 2026. Para Fenalco, la prioridad es evitar que el ajuste salarial derive en un deterioro mayor de la economía; para otros sectores, el aumento es una herramienta necesaria para mejorar el ingreso de los hogares. La tensión entre ambas miradas marca la agenda nacional.
