Desde un foro nacional en Bogotá, Adriana Magali Matiz advirtió sobre el crecimiento de la minería ilegal y solicitó al nuevo Congreso legislar para fortalecer el control y la formalización del sector.
En medio del debate nacional sobre la explotación de recursos naturales, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, hizo un llamado urgente al próximo Congreso de la República para que impulse una legislación clara y efectiva sobre la minería legal en Colombia.
El pronunciamiento se dio en Bogotá durante el foro sobre minería organizado por Casa Editorial El Tiempo y la Federación Nacional de Departamentos, donde se abordaron los retos del sector extractivo en las regiones.
Durante su intervención, la mandataria puso sobre la mesa cifras que evidencian el impacto económico de la minería ilegal, señalando que mientras el departamento recibe cerca de 500 millones de pesos mensuales por regalías de oro, organizaciones ilegales obtendrían hasta 5.000 millones mensuales por esta actividad.
La gobernadora también alertó sobre la presencia de estructuras criminales como el Frente Ismael Ruiz, señaladas de liderar la explotación ilícita de minerales en el sur del Tolima, especialmente en municipios como Ataco y Chaparral.
Matiz explicó que uno de los principales vacíos institucionales radica en la falta de articulación entre entidades nacionales y territoriales, lo que permite que maquinaria pesada circule con documentación en regla, dificultando su incautación pese a sospechas de uso en actividades ilegales.
En ese sentido, enfatizó que los controles actuales no son suficientes, ya que las autoridades locales, incluso con apoyo de la Policía y el Ejército, se ven limitadas para actuar frente a vehículos que cumplen formalmente con los requisitos legales, aunque su destino final sea la minería ilegal.
La mandataria insistió en la necesidad de que el Congreso legisle sobre aspectos clave como el registro de comercializadores, proveedores y el origen de los recursos de las empresas vinculadas al sector minero, con el fin de cerrar brechas que hoy son aprovechadas por economías ilícitas.
Finalmente, Adriana Magali Matiz reiteró que esta problemática no solo afecta al Tolima, sino a varias regiones del país, por lo que pidió que el tema sea incluido de manera prioritaria en la agenda nacional para garantizar un equilibrio entre desarrollo económico, legalidad y protección ambiental.
