El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha iniciado una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, a raíz de una solicitud de revocatoria de su inscripción como candidato al Senado para las elecciones de 2026. La pesquisa busca determinar si una condena en primera instancia por fraude procesal y soborno, aunque aún no en firme, constituye una inhabilidad para aspirar al Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución.
Cuerpo de la Noticia:
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha dado apertura a una investigación preliminar que pone bajo la lupa la inscripción de la candidatura al Senado de la República del expresidente Álvaro Uribe Vélez para los comicios que se celebrarán en el año 2026. La decisión del tribunal electoral surge como respuesta a una solicitud ciudadana que alega una presunta inhabilidad del exmandatario para ocupar un escaño en el Congreso.
Esta indagación fue oficializada mediante el auto número 021541, radicado por el magistrado ponente Altus Baquero. Dicho documento establece formalmente la apertura del proceso con el objetivo de avocar conocimiento y examinar la «presunta inscripción irregular de la candidatura del señor Álvaro Uribe Vélez al Senado,» en el contexto de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026.
La base de esta investigación es la solicitud presentada por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez. Ramírez Pérez ha pedido formalmente la revocatoria de la inscripción de la candidatura del expresidente Uribe, argumentando que este se encontraría inhabilitado para ser miembro del Congreso de la República, según las normativas vigentes.
El meollo del argumento presentado por el ciudadano Ramírez Pérez se centra en el numeral 1° del artículo 179 de la Constitución Política colombiana. Esta disposición constitucional establece claramente que no podrán ser congresistas aquellos ciudadanos que hayan sido objeto de una condena a pena privativa de la libertad, con la salvedad específica de los delitos de naturaleza política o culposa.
El punto central que activó la solicitud de revocatoria es la condena en primera instancia que fue proferida contra el exmandatario el pasado 28 de junio. En esa fecha, la jueza Sandra Liliana Heredia halló a Álvaro Uribe Vélez culpable de la comisión de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, lo que conllevó a la imposición de una pena privativa de la libertad.
No obstante la contundencia del fallo en primera instancia, es fundamental precisar que la sentencia judicial aún no ha adquirido la calidad de firmeza. Esto se debe a que la defensa legal del expresidente Uribe ejerció su derecho de apelación contra la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, un procedimiento que actualmente mantiene el proceso en suspenso.
El Tribunal Superior de Bogotá, por lo tanto, tiene en su potestad la decisión de confirmar, modificar o revocar el fallo emitido por la jueza de primera instancia. Se espera que esta corporación judicial anuncie y haga pública su determinación sobre la apelación presentada en los próximos días, lo que podría tener un impacto directo en la investigación del CNE y en las aspiraciones políticas del exmandatario.
La investigación preliminar del CNE determinará si la condena en primera instancia por delitos dolosos, aunque no esté en firme, es suficiente para configurar una inhabilidad bajo el artículo 179 de la Constitución, impactando directamente su capacidad de postularse por el partido Centro Democrático y, en última instancia, el panorama político de cara a las elecciones legislativas de 2026.
