Dos juzgados admitieron tutelas que buscan establecer cuánto recaudó la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cómo fueron utilizados los recursos y qué controles existen sobre las donaciones destinadas a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.
Dos juzgados, uno en Bogotá y otro en Barranquilla, ordenaron avanzar en solicitudes de información relacionadas con los recursos recaudados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas después del terremoto del 10 de agosto. La organización es representada legalmente por Ana Lucía Pineda, primera dama y esposa del presidente Abelardo de la Espriella.
En Bogotá, el Juzgado 38 de Familia admitió una tutela presentada por el senador Alejandro Ocampo, quien previamente había radicado un derecho de petición para conocer detalles sobre las donaciones recibidas durante la emergencia. El despacho vinculó al Dapre, al Ministerio de Hacienda, a la fundación y a su representante legal.
Entre las principales preguntas planteadas está el monto total de los recursos recibidos para atender a los damnificados, así como la destinación que tuvieron esas ayudas. También se solicita precisar cuáles son los mecanismos de control, seguimiento y auditoría aplicados sobre los recursos administrados durante la emergencia.
El segundo proceso se adelanta en Barranquilla, donde el Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple admitió una tutela presentada por el ciudadano Steven Liévano. En este caso, la solicitud también busca conocer el dinero recibido, los gastos efectuados, los bienes adquiridos o entregados y el eventual saldo existente en las cuentas de la organización.
Los dos despachos judiciales establecieron un término de 48 horas para que los accionados se pronuncien sobre los hechos y aporten las pruebas correspondientes. En el proceso de Bogotá, además, el juez advirtió que podría aplicarse la presunción de veracidad contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 si no se presenta una respuesta dentro del plazo establecido.
La controversia surgió después de que se formularan cuestionamientos sobre el manejo de las donaciones canalizadas hacia la fundación para atender a las personas afectadas por el sismo. Reportes periodísticos señalaron que la organización fue registrada en julio de 2026 y que Pineda figura como representante legal, mientras que su patrimonio inicial habría sido de 10 millones de pesos.
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas sostiene públicamente que desarrolla labores humanitarias y que cuenta con mecanismos de transparencia para documentar sus intervenciones. En su página web afirma que publica soportes de compra y actas de entrega de las ayudas distribuidas en territorio, además de informar sobre sus actividades de atención a comunidades afectadas por emergencias.
Con los dos procesos judiciales en curso, la atención se concentra ahora en las respuestas que deberán entregar la fundación y las demás entidades vinculadas. Las tutelas buscan esclarecer el monto, la destinación y los mecanismos de control de los recursos, sin que la admisión de estas acciones constituya por sí misma una conclusión judicial sobre eventuales irregularidades en su manejo.
