El representante a la Cámara Marco Hincapié manifestó su preocupación por el incremento de la violencia contra comunidades campesinas vinculadas a los procesos de Reforma Agraria. El congresista solicitó al Gobierno entrante reforzar las medidas de seguridad en los territorios y pidió el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar la protección de los líderes rurales y de quienes acceden a programas de entrega de tierras.
El representante a la Cámara Marco Hincapié expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia que, según afirmó, afecta a las comunidades campesinas del país, especialmente a quienes participan en los procesos de entrega de tierras impulsados dentro de la Reforma Agraria. El congresista advirtió que la seguridad de estas poblaciones debe convertirse en una prioridad para las instituciones del Estado.
A través de un comunicado público, Hincapié señaló que la situación representa un riesgo para las familias rurales que han decidido acogerse a los programas de acceso a la tierra. En ese sentido, sostuvo que el fortalecimiento de la presencia institucional resulta indispensable para evitar que continúen los hechos de violencia en diferentes regiones del país.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el grave recrudecimiento de la violencia que hoy enfrentan las comunidades campesinas, especialmente aquellas beneficiarias de los procesos de entrega de tierras en el marco de la Reforma Agraria”, manifestó el representante, al advertir sobre las dificultades que enfrentan quienes defienden el territorio y promueven procesos organizativos en el campo colombiano.
El congresista respaldó su pronunciamiento con cifras atribuidas a la Defensoría del Pueblo, según las cuales entre enero y mayo de 2026 se registraron 58 masacres en Colombia, con un saldo de 238 víctimas. Asimismo, indicó que durante ese mismo periodo fueron asesinados 67 líderes y lideresas sociales, varios de ellos vinculados a la defensa del territorio, los derechos campesinos y la implementación de la Reforma Agraria.
Frente a este panorama, Hincapié solicitó el acompañamiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de que realicen seguimiento y ejerzan veeduría sobre las garantías de seguridad de las comunidades campesinas que hoy enfrentan mayores riesgos en los territorios.
El representante también dirigió un mensaje al Gobierno nacional que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, instándolo a fortalecer de manera inmediata las estrategias de protección para las poblaciones rurales. A su juicio, la presencia integral del Estado debe traducirse en acciones concretas que permitan prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la permanencia de las familias en el campo.
“Exigimos al gobierno entrante fortalecer de manera urgente las medidas de protección y la presencia integral en los territorios, garantizando que ningún campesino o campesina tenga que pagar con su vida el ejercicio de un derecho legítimo”, expresó Hincapié, al insistir en que la defensa de los derechos rurales no puede seguir representando un riesgo para quienes la ejercen.
Finalmente, el congresista afirmó que la consolidación de la Reforma Agraria dependerá no solo de la entrega de tierras, sino también de la existencia de condiciones reales de seguridad para las comunidades. “La Reforma Agraria solo será posible si está acompañada de garantías efectivas para la vida, la seguridad y la permanencia de quienes trabajan la tierra”, concluyó, reiterando el llamado para que las autoridades nacionales e internacionales actúen de manera coordinada frente a la situación de violencia en las zonas rurales.
