Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el representante Marco Hincapié lanzó fuertes cuestionamientos contra el sector político liderado por el barretismo, al que atribuyó responsabilidades por el avance de la minería ilegal, la inseguridad y el rezago social del departamento.
La minería ilegal, el deterioro ambiental y la crisis de seguridad en el sur del Tolima desataron un nuevo enfrentamiento político durante el debate de control político realizado en la Comisión Quinta del Senado. En medio de la discusión, el representante Marco Hincapié responsabilizó al barretismo por la situación que atraviesa el departamento y cuestionó los resultados de más de una década de gobiernos asociados a ese movimiento político. Sus declaraciones trasladaron la discusión ambiental y de orden público al terreno de las responsabilidades políticas regionales.
«El barretismo lleva gobernando el Tolima durante más de una década, y ahora quieren lavarse las manos por el enorme atraso, pobreza e inseguridad que se vive en nuestro departamento», manifestó Hincapié. El congresista sostuvo que ese sector político debe responder por las condiciones actuales del territorio y recordó que, desde 2020, había advertido sobre la llegada de estructuras armadas organizadas. Según su versión, aquellas alertas fueron rechazadas públicamente en su momento, por lo que considera que la problemática requiere revisar las decisiones y actuaciones de las anteriores administraciones.
Uno de los señalamientos más contundentes estuvo relacionado con la expansión de la explotación ilícita de oro en municipios del sur tolimense, especialmente Ataco, donde las actividades mineras han generado preocupación por las alteraciones de los ríos Atá y Saldaña. Hincapié vinculó el crecimiento de esta problemática con la falta de respuestas institucionales y la presencia de economías ilegales. No obstante, sus afirmaciones constituyen cuestionamientos políticos y no una determinación judicial que establezca responsabilidad penal del barretismo por estas actividades.
El representante también dirigió sus críticas al Gobierno nacional, particularmente al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, por la respuesta frente a los hechos de violencia registrados en el sur del departamento. «Han pasado diez días desde el ataque a Planadas, y ni el ministro de Defensa ni el presidente de la República se han aparecido por el sur del Tolima», expresó. A su juicio, la ausencia de una respuesta política de alto nivel aumenta la preocupación de las comunidades que enfrentan amenazas, presencia de grupos armados y dificultades para desarrollar sus actividades económicas.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el presupuesto departamental para 2027. Hincapié aseguró que existiría una reducción superior a los 321.000 millones de pesos y cuestionó la atención institucional de las emergencias ocasionadas por los incendios forestales. Asimismo, puso en duda el avance de 20 proyectos que, según manifestó, habían sido anunciados como prioritarios para el Tolima durante 2026. El congresista afirmó que encontró falta de claridad sobre estas iniciativas al consultar a la Gobernación y al Departamento Nacional de Planeación, por lo que pidió explicaciones sobre su origen, financiación y estado de ejecución.
La dimensión de la problemática ambiental también quedó reflejada en las cifras presentadas durante la discusión. Según información de Cortolima divulgada en el debate, las afectaciones asociadas a la minería ilegal alcanzaban 491,09 hectáreas en Ataco, Chaparral y Rioblanco, de las cuales 137,54 correspondían a cauces. A esto se suma el deterioro de las condiciones de seguridad: cifras provisionales de la Policía indican que Ataco pasó de siete homicidios entre enero y septiembre de 2025 a 27 durante el mismo periodo de 2026. En los cuatro municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, los registros aumentaron de 19 a 47 casos. Estas cifras evidencian problemas concurrentes, aunque no permiten atribuir automáticamente todos los homicidios a la actividad minera.
El debate fue convocado por el senador Miguel Ángel Barreto Castillo, junto con otros cinco congresistas, y contempló la participación de representantes de los ministerios de Defensa, Minas y Energía, y Ambiente, así como de la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Minería, las gobernaciones y las autoridades ambientales. La discusión también incluyó los departamentos de Antioquia y Santander, con el propósito de examinar las respuestas institucionales frente a la explotación ilícita de minerales, la pérdida de control territorial y los daños ecológicos.
En medio de las diferencias políticas, uno de los principales interrogantes que dejó la discusión es cómo garantizar que los operativos contra la minería ilegal produzcan resultados sostenibles. Durante el mismo debate, el senador Miguel Ángel Barreto cuestionó la falta de información georreferenciada para identificar los puntos de explotación y establecer con precisión dónde se desarrollan estas actividades. También pidió mayor coordinación entre las autoridades mineras, ambientales y de seguridad. La controversia deja sobre la mesa la necesidad de establecer responsabilidades institucionales verificables, recuperar los ecosistemas afectados y garantizar condiciones de seguridad para las comunidades del sur del Tolima.
