La Policía Nacional y la Fiscalía 43 Especializada ejecutaron diligencias simultáneas en Espinal y Purificación que dejaron bajo embargo y en trámite de extinción de dominio dos viviendas presuntamente empleadas como centros operativos del grupo delincuencial “Los Junior”; los bienes están avaluados en $260 millones.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 43 Especializada, llevó a cabo diligencias simultáneas que culminaron con el embargo y la suspensión del poder sobre dos inmuebles señalados como centros de operaciones del grupo delincuencial conocido como “Los Junior”. Las actuaciones se desarrollaron en el barrio Caballero y Góngora de Espinal y en el barrio Villa Belén de Purificación.
Durante las operaciones se ejecutaron medidas cautelares de secuestro y embargo para asegurar los bienes vinculados a la presunta actividad ilícita. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan afectar la estructura económica del grupo y evitar la utilización de los inmuebles para fines delictivos mientras avanza la investigación.
Según el material probatorio recopilado, las viviendas habían sido objeto de múltiples allanamientos en investigaciones previas y, de forma reiterada, eran utilizadas para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Esa reiteración en la conducta fue un elemento determinante para activar el procedimiento de extinción de dominio.
Los propietarios de los inmuebles, señaló la Fiscalía, registran antecedentes judiciales y, conforme a las indagaciones, habrían reincidido en conductas que vinculaban directamente los predios con la logística y la comercialización de drogas. Esa vinculación fortaleció la argumentación legal para solicitar la medida cautelar.
El valor de los bienes embargados fue calculado en $260 millones de pesos, cifra que las autoridades describieron como un golpe económico a las finanzas ilícitas del grupo. El aseguramiento busca además prevenir la reinversión de recursos de procedencia ilícita y la continuidad de redes de apoyo logístico en la región.
Con el embargo y la solicitud de extinción de dominio se activan ahora los trámites judiciales correspondientes para determinar el destino final de los inmuebles. La Fiscalía continuará reuniendo pruebas y sustentando el proceso para que, de acreditarse el origen ilícito, los bienes pasen al patrimonio del Estado conforme a la ley.
La operación es parte de una estrategia regional para desarticular las fuentes de financiación del narcotráfico en el Tolima y reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Las autoridades anunciaron que las investigaciones seguirán su curso para identificar posibles responsables adicionales y nuevas evidencia que permita consolidar las imputaciones.
Mientras avanzan las investigaciones y los procedimientos judiciales, las diligencias sirven como advertencia sobre el uso de inmuebles para actividades delictivas y subrayan el compromiso institucional de recuperar bienes de origen ilícito para proteger la seguridad y la legalidad en los municipios afectados.
