Durante un debate de control político sobre los incendios forestales, el representante Renzo García exigió explicaciones por el caso de dos campesinos detenidos tras una presunta quema y cuestionó la respuesta institucional frente a una emergencia que, según las cifras expuestas, deja cerca de 50.000 hectáreas afectadas.
La emergencia por los incendios forestales en el Tolima escaló al escenario político durante un debate de control en el que el representante a la Cámara Renzo García lanzó fuertes cuestionamientos contra Cortolima y pidió esclarecer el caso de dos campesinos que habrían sido contratados para realizar una quema en una finca y posteriormente fueron detenidos.
El congresista dirigió sus cuestionamientos a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, reclamando explicaciones sobre la actuación de una funcionaria de la entidad que, según su denuncia, habría contratado a los trabajadores rurales. García puso el foco en las circunstancias de la contratación, la posterior detención y los señalamientos realizados contra los campesinos.
“¿Por qué una funcionaria de Cortolima contrata dos campesinos para que hagan una quema en su finca y después estos campesinos son detenidos y tildados como los peores criminales del departamento del Tolima?”, cuestionó el representante durante el debate, al considerar necesario determinar quién dio las instrucciones y bajo qué condiciones se produjo la quema.
La denuncia se produce en medio de una emergencia ambiental de gran magnitud. García afirmó que el departamento “hoy se está quemando” y se refirió a cifras cercanas a 50.000 hectáreas afectadas por los incendios, advirtiendo que el impacto no se limita a la pérdida de cobertura vegetal, sino que compromete ecosistemas estratégicos y territorios donde miles de familias desarrollan sus actividades económicas.
Uno de los aspectos que más preocupación genera es la afectación sobre la producción agropecuaria. Según las cifras expuestas durante el debate, cerca de 28.000 hectáreas corresponden a sistemas productivos, con daños en cultivos de maíz, limón y otros productos, además de afectaciones a comunidades indígenas de municipios como Valle de San Juan, San Luis, Guamo, Ortega, Coyaima y Natagaima.
Para García, la crisis ambiental está adquiriendo una dimensión social que requiere medidas urgentes para proteger a las comunidades rurales. La pérdida de cultivos significa para numerosas familias la reducción de sus ingresos y dificultades para garantizar su alimentación, por lo que reclamó acciones de recuperación y acompañamiento a los productores afectados.
El representante también cuestionó al Gobierno Nacional y pidió que la respuesta institucional trascienda los anuncios. “No nos quedemos solamente en los anuncios y en los shows mediáticos”, afirmó, al reclamar resultados concretos frente a los incendios, asistencia para las comunidades damnificadas y una estrategia que permita enfrentar las consecuencias económicas y ambientales de la emergencia.
Finalmente, García advirtió sobre la gravedad de la situación social en el departamento y aseguró que “hoy la gente en el departamento del Tolima está aguantando hambre”. El debate dejó sobre la mesa dos asuntos que ahora requieren respuestas institucionales: esclarecer las circunstancias del caso de los dos campesinos y fortalecer las medidas para atender las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales.
