Los trabajadores de la rama judicial han manifestado varias inquietudes con relación a la Ley 2430 de 2024 que, entre otras, establece la obligatoriedad de la presencialidad en varios procedimientos, incluyendo los juicios penales.
La exigencia de presencialidad en los juicios penales, impuesta por la Ley 2430 de 2024, ha generado una preocupación creciente entre los trabajadores de la Rama Judicial.
Según expresan jueces y abogados, esta medida podría ralentizar significativamente la evacuación de procesos debido a la insuficiencia de salas y recursos necesarios para atender la creciente demanda de justicia.
A la fecha, persiste la preocupación dentro de la Rama Judicial debido a la ausencia de directrices claras por parte del Consejo Superior de la Judicatura respecto a los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para cumplir con el mandato de la Ley 2430 de 2024, que exige la presencialidad en las audiencias judiciales.
Esta normativa plantea cambios significativos en la implementación, sobre todo porque no todas las sedes judiciales cuentan con las condiciones requeridas para albergar a personas privadas de la libertad, ni con un número suficiente de salas de audiencia en comparación con el número de jueces.
Para que la Ley 2430 se implemente de manera eficaz, Asonal Judicial advierte que es urgente que el Consejo Superior de la Judicatura dote a las sedes judiciales con recursos materiales, tecnológicos y humanos.
Sin estos, el mandato de presencialidad podría no ser cumplido de manera efectiva. La administración de justicia no solo debe garantizar el acceso y la eficiencia, sino que también debe velar por el cumplimiento del debido proceso en todas sus fases, algo que solo se logrará con el apoyo adecuado, insiste el sindicato.
