El afán por sacar adelante el presupuesto en la madrugada terminó poniendo en entredicho su trámite legislativo.
Lo que parecía una victoria legislativa para el Gobierno de Abelardo de la Espriella terminó convertido en un nuevo revés político. El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado a contrarreloj en el Congreso de la República durante la madrugada del 20 de octubre, quedó en entredicho por un presunto error de procedimiento que podría impedir su promulgación como ley.
La alerta la encendió la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, quien, tras revisar los registros de las sesiones, advirtió que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones diferentes del artículo 65. Según su denuncia, esta diferencia obligaba a realizar una conciliación entre ambas corporaciones, procedimiento que no se habría cumplido antes del vencimiento del plazo legal.
La controversia pone bajo cuestionamiento la forma en que se tramitó el presupuesto, que asciende a cerca de 634,9 billones de pesos, y abre un nuevo frente de discusión política para el Gobierno nacional.
El afán de aprobarlo habría terminado pasándole factura al Gobierno
La discusión se concentró en el artículo 65. De acuerdo con la revisión denunciada por Hernández, en el Senado se aprobó el texto original, después de que una proposición para modificarlo fuera retirada. Sin embargo, en la Cámara se habría votado una versión que incorporaba cambios adicionales.
La diferencia entre los textos es fundamental: cuando Senado y Cámara aprueban disposiciones distintas de un proyecto de ley, deben unificar sus versiones mediante el procedimiento de conciliación y someter el texto conciliado a las respectivas plenarias.
El problema es que el plazo para aprobar el presupuesto venció sin que se realizara ese trámite. Por eso, la denuncia de la senadora abrió la posibilidad de que el proyecto no pudiera convertirse válidamente en ley.
La Secretaría General del Senado también informó que en esa corporación el artículo 65 se aprobó sin proposiciones, un elemento que refuerza la controversia sobre las diferencias entre los textos aprobados.
¿Otro reversazo para Abelardo de la Espriella?
El episodio representa un revés para el Ejecutivo, que había presentado la aprobación del presupuesto como una victoria legislativa. Ahora, el Gobierno debe acudir a una salida jurídica para garantizar que el país cuente con el presupuesto de 2027.
La oposición cuestiona que, en medio de la carrera por aprobar el proyecto antes del vencimiento del plazo, se hubiera descuidado un requisito esencial del trámite legislativo. La polémica también deja preguntas sobre la coordinación entre las mayorías parlamentarias y el Gobierno.
Para Esmeralda Hernández, la diferencia entre los textos y la ausencia de conciliación comprometen la validez del procedimiento. La discusión, sin embargo, debe distinguir entre la denuncia sobre el vicio de trámite y las decisiones jurídicas que correspondan a las autoridades competentes.
¿Puede Abelardo expedir el presupuesto por decreto?
Sí. La Constitución colombiana contempla esa posibilidad. El artículo 348 establece que, si el Congreso no expide el presupuesto dentro del plazo constitucional, rige el proyecto presentado por el Gobierno, que puede expedirlo mediante decreto.
En este caso, el Gobierno anunció que recurrirá a esa vía para adoptar el presupuesto de 2027, con fundamento en las reglas constitucionales y presupuestales aplicables. La consecuencia es importante: no se trata necesariamente de que el país se quede sin presupuesto, sino de que podría terminar rigiendo una versión distinta de la que las mayorías parlamentarias intentaron aprobar en sus últimos debates.
De acuerdo con los reportes conocidos, la expedición por decreto partiría del texto presentado inicialmente por el Ejecutivo, por lo que algunos cambios introducidos durante el trámite legislativo podrían quedar por fuera.
La controversia deja así un interrogante político y jurídico: ¿el Gobierno logró sacar adelante su presupuesto o el afán por aprobarlo terminó frustrando la posibilidad de convertir en ley las modificaciones negociadas en el Congreso?
Por ahora, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de respetar los procedimientos legislativos, incluso cuando el reloj juega en contra de las mayorías.
