El Tribunal Superior de Bogotá determinó que no existen pruebas suficientes para vincular al expresidente Álvaro Uribe Vélez con los presuntos sobornos a los testigos alias “Víctor” y alias “Diana”. La decisión, que revoca dos condenas previas, también ordena investigar por falso testimonio a uno de los declarantes.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso que lo señalaba de haber participado en un supuesto soborno de testigos para alterar declaraciones judiciales. La decisión se centra en los casos de Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, y Eurídice Cortés, alias “Diana”, quienes aseguraron haber recibido presiones para cambiar sus versiones sobre vínculos con grupos armados ilegales.
Según el fallo, los magistrados concluyeron que no existe evidencia suficiente que demuestre la participación directa o indirecta de Uribe en los pagos o en la manipulación de dichos testimonios. La Sala Penal consideró que las pruebas presentadas no superaron el umbral exigido por la ley para mantener una condena.
El Tribunal también ordenó que se investigue a alias “Víctor” por presunto falso testimonio, al encontrar inconsistencias en sus declaraciones y posibles contradicciones frente a los hechos narrados en el proceso. Esta decisión representa un giro importante dentro del extenso expediente judicial que por años ha involucrado al exmandatario.
Pese a la absolución, el Tribunal mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con diferentes testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido una figura clave en el caso por sus afirmaciones sobre supuestos vínculos de Uribe con estructuras paramilitares.
Desde el inicio del proceso, el expresidente ha sostenido su inocencia y ha reiterado que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas. Uribe celebró la decisión del Tribunal, agradeciendo a sus abogados y seguidores por el respaldo recibido durante los años de litigio.
Por su parte, la defensa del exmandatario manifestó que el fallo ratifica lo que han sostenido desde el comienzo: que no existió ningún plan de sobornos y que las pruebas fueron mal interpretadas por la primera instancia judicial. Recalcaron que el proceso ha sido usado como un instrumento de persecución.
A su vez, sectores críticos del expresidente han cuestionado la independencia judicial y piden que las demás investigaciones continúen con rigor. Organizaciones de derechos humanos insisten en que los procesos deben esclarecerse por completo para evitar impunidad en casos que tocan la memoria del conflicto armado.
La Fiscalía General aún no ha informado si interpondrá recursos adicionales frente al fallo. Entretanto, la absolución parcial devuelve a Álvaro Uribe un respiro jurídico, aunque el debate político y judicial sobre su legado sigue más vigente que nunca.
