La incertidumbre rodea la continuidad de la administración del Fondo Nacional del Café por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo contrato expira el próximo 7 de julio de 2026. Dirigentes gremiales, líderes regionales y sectores políticos advierten que una eventual no renovación podría afectar servicios fundamentales para más de 557.000 familias productoras del país.
El próximo 7 de julio de 2026 vencerá el contrato mediante el cual la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) administra el Fondo Nacional del Café, una herramienta considerada fundamental para el desarrollo del sector cafetero colombiano. La proximidad de esta fecha ha generado inquietud entre productores, dirigentes gremiales y representantes políticos, quienes reclaman claridad sobre el futuro de este mecanismo.
El Fondo Nacional del Café ha sido durante más de ocho décadas uno de los pilares de la institucionalidad cafetera en Colombia. A través de este instrumento se financian programas relacionados con la garantía de compra del grano, la asistencia técnica a los productores, la investigación científica y diversas estrategias orientadas a fortalecer la competitividad del sector.
El diputado Giovanny Molina manifestó su preocupación por la falta de definiciones por parte del Gobierno Nacional respecto a la renovación del contrato. Según indicó, la incertidumbre podría poner en riesgo beneficios esenciales para más de 557.000 familias cafeteras que dependen directa o indirectamente de los servicios prestados por la Federación Nacional de Cafeteros.
Entre las principales inquietudes se encuentra la continuidad de la garantía de compra, mecanismo que permite a los caficultores vender su producción a un precio de referencia y evita que queden expuestos a prácticas especulativas del mercado. Para los productores, este sistema representa una de las principales herramientas de estabilidad económica en las zonas rurales.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la posible afectación de la asistencia técnica gratuita que reciben miles de productores a través de los extensionistas de la Federación, conocidos popularmente como las “camisas amarillas”. Estos profesionales brindan acompañamiento permanente en temas de productividad, manejo de cultivos y adaptación a nuevas tecnologías agrícolas.
Asimismo, dirigentes del sector han advertido sobre los riesgos que enfrentaría la investigación científica liderada por Cenicafé, entidad que desarrolla estudios para combatir plagas, mejorar variedades de café y fortalecer la productividad del campo colombiano. Estos programas son considerados estratégicos para la sostenibilidad de la caficultura nacional.
Las preocupaciones también han sido expresadas por diferentes líderes regionales y gremiales. El presidente de la FNC, Germán Bahamón, afirmó que la institucionalidad cafetera no puede darse por sentada y advirtió que la falta de una decisión sobre la renovación genera incertidumbre entre los productores. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió al Gobierno Nacional adoptar una prórroga inmediata para evitar afectaciones al sector.
El debate ha tomado fuerza debido a los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha realizado en distintas oportunidades sobre el manejo de los recursos parafiscales administrados por los gremios. Aunque hasta ahora no existe una decisión oficial sobre la renovación del contrato, sectores políticos y económicos insisten en la necesidad de brindar garantías a los productores y preservar un modelo institucional que, según sus defensores, ha contribuido durante décadas al bienestar de cientos de miles de familias cafeteras en Colombia.
