El Juzgado Penal del Circuito del Líbano sentenció a 18 años de prisión al exalcalde de Villahermosa, Carlos Evelio Herrera García, tras determinar que planeó fingir un atentado para obtener beneficios de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.
El Juzgado Penal del Circuito del Líbano condenó a 216 meses de prisión, equivalentes a 18 años, a Carlos Evelio Herrera García, quien se desempeñó como alcalde del municipio de Villahermosa durante el periodo 2012-2015, tras hallarlo responsable de planear la simulación de un atentado.
Según la decisión judicial, los hechos se remontan a 2012, cuando el entonces mandatario habría manifestado su intención de fingir un ataque con el propósito de agilizar ante la Unidad Nacional de Protección la asignación de un vehículo blindado como parte de un esquema de seguridad oficial.
De acuerdo con lo establecido en el fallo, el exalcalde habría involucrado en el plan a Jeison Andrés León Cañizales, contratista de la Alcaldía, y a Álvaro Alarcón Amaya, con quienes presuntamente coordinó la ejecución del supuesto atentado para simular una situación de riesgo.
Para materializar la estrategia, Herrera García habría entregado la suma de $600.000 destinados a la compra de un arma de fuego. El revólver, con seis proyectiles, fue adquirido y posteriormente almacenado en su residencia, vivienda que también compartía con uno de los implicados.
El juzgado determinó que la conducta tenía como finalidad manipular los mecanismos de protección del Estado para obtener beneficios personales, constituyendo un grave abuso de su investidura como servidor público y afectando la credibilidad institucional.
En la sentencia, el despacho judicial negó la suspensión de la ejecución de la pena y la solicitud de prisión domiciliaria, por lo que el exmandatario deberá cumplir la condena en un establecimiento carcelario que será definido por el INPEC.
Asimismo, el fallo establece que se le abonará el tiempo que haya permanecido privado de la libertad en el marco de este proceso judicial, conforme a las disposiciones legales vigentes.
La decisión marca un precedente en el departamento del Tolima frente a hechos en los que funcionarios públicos habrían intentado instrumentalizar recursos estatales destinados a la protección de personas en riesgo real, reforzando el mensaje de que este tipo de conductas no quedarán en la impunidad.
