El Senado de la República interrumpió su periodo de vacaciones para citar a un debate virtual de control político tras el anuncio de nuevos impuestos a sectores de altos ingresos, una decisión que el Gobierno Nacional cuestionó por su inusual celeridad frente al archivo de reformas sociales.
El Senado de la República determinó suspender su receso legislativo con el fin de adelantar sesiones virtuales de control político sobre el reciente decreto de emergencia económica. Esta medida surge inmediatamente después de que el Gobierno Nacional anunciara la creación de tributos dirigidos a los sectores con mayores ingresos y al sector financiero. Según el Ejecutivo, estas disposiciones fiscales son necesarias para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y redistribuir la carga tributaria hacia los «megarricos». La interrupción de las vacaciones parlamentarias ha generado una fuerte controversia en el ámbito político nacional por las implicaciones del decreto. El Gobierno ha manifestado su sorpresa ante la rapidez con la que el Legislativo busca examinar estas medidas de excepción. Se espera que las sesiones definan el futuro de las herramientas económicas que el presidente pretende implementar de forma inmediata.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó duramente la celeridad del Congreso para citar este debate en comparación con otros proyectos de ley. El funcionario recordó que reformas fundamentales como la de salud y la laboral enfrentaron dilaciones prolongadas antes de ser archivadas o hundidas. Para el Ejecutivo, resulta contradictorio que se detenga el descanso judicial para debatir impuestos a los ricos mientras se postergaron beneficios laborales. Entre las iniciativas dilatadas se encontraban mejoras en el pago de recargos nocturnos y festivos que impactaban a millones de ciudadanos. Benedetti sugirió que el interés del Senado coincide sospechosamente con la afectación de los intereses económicos de los sectores más poderosos. El ministro insistió en que el control político debe ejercerse con coherencia frente a todas las necesidades del pueblo colombiano.
Además de las críticas políticas, el ministro Benedetti denunció que la citación aprobada por el Senado presenta graves errores de forma legal. Según explicó el jefe de la cartera política, el documento de notificación tiene una fecha de aprobación errónea fijada en septiembre. El ministro aclaró que la fecha correcta debió ser el 26 de diciembre y no el mes que aparece en el acta. Asimismo, sostuvo que el Congreso no está respetando el plazo de cinco días que tiene el Gobierno para responder cuestionarios. Estas fallas en el procedimiento administrativo vician, según el Gobierno, la legalidad de la convocatoria realizada por los senadores. El Ejecutivo pide que se respeten los tiempos constitucionales para poder brindar las explicaciones técnicas necesarias sobre la emergencia.
Pese a los cuestionamientos formales, el Gobierno reiteró que el decreto de emergencia económica es un documento público abierto al examen de todos. El ministro del Interior enfatizó que la administración no se opone al control judicial o político, siempre que se sigan las reglas. No obstante, señaló que la celeridad actual contrasta con los meses de espera que sufrieron las reformas impulsadas por el cambio social. Para el gabinete presidencial, la defensa de los intereses de los sectores financieros parece haber activado mecanismos legislativos antes dormidos. La presidencia sostiene que la emergencia económica busca resolver crisis financieras profundas que no pueden esperar a los trámites ordinarios. El debate virtual será el escenario donde el Gobierno defenderá la legalidad y la necesidad de gravar a los megarricos.
En este contexto de tensión legislativa, el Tolima también reporta importantes operativos de seguridad contra las finanzas de grupos armados ilegales. Las autoridades capturaron en San Antonio a alias ‘Libardo’, tercer cabecilla del Frente Gerónimo Galeano de las disidencias. Este sujeto era el encargado de recaudar cerca de 400 millones de pesos mensuales a través de extorsiones a caficultores. El operativo conjunto entre el Ejército y la Fiscalía permitió incautar material bélico y panfletos extorsivos en la vereda Legía Alta. Se vincula a este grupo con el hostigamiento a la estación de policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral. Estas capturas fortalecen la seguridad en el sur del departamento y debilitan las economías ilegales que afectan al agro.
Por otro lado, la red GanaGana inició el ciclo de pagos del subsidio Colombia Mayor, aplicando un sistema de pico y cédula. Desde el 23 de diciembre y hasta mediados de enero de 2026, los beneficiarios podrán cobrar sus recursos en los puntos autorizados. Los adultos mayores deben presentar su cédula original y seguir el cronograma diario establecido para evitar congestiones en las oficinas. Adicionalmente, se adelanta el proceso de enrolamiento para nuevos inscritos, trámite que debe realizarse exclusivamente en las sedes principales. Esta gestión de Prosperidad Social busca garantizar que el apoyo económico llegue de manera organizada a la población más vulnerable. Las autoridades locales piden a los ciudadanos consultar las redes oficiales para confirmar los turnos de atención cada día.
En el ámbito de la geología, el volcán Cerro Machín se mantiene bajo vigilancia permanente tras un aumento en su sismicidad interna. El Servicio Geológico Colombiano reportó que entre el 16 y 22 de diciembre se registró un incremento en el fracturamiento de roca. Un sismo de magnitud 3,6 grados fue sentido en los municipios de Cajamarca e Ibagué, así como en la ciudad de Armenia. Pese a estos movimientos telúricos localizados en el domo principal, el estado de alerta del volcán permanece en nivel Amarillo. Los demás parámetros de diagnóstico no muestran cambios que sugieran una erupción inminente, según el último boletín técnico semanal. Se recomienda a los habitantes de las zonas de influencia seguir las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Finalmente, el presidente Gustavo Petro reiteró su compromiso con el nuevo esquema del salario mínimo basado en la canasta vital. El mandatario aseguró que el ajuste para 2026 buscará compensar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores en administraciones pasadas. Esta política salarial se une a su reciente crítica contra Colfuturo por la inequidad en la distribución de becas internacionales. Petro denunció que el 74% de los recursos de esa entidad beneficia a estratos altos, dejando de lado a las mayorías populares. El Gobierno planea reemplazar este modelo por uno de gratuidad total que envíe a 10.000 estudiantes al exterior cada año. Con estas medidas, el Ejecutivo busca transformar profundamente las bases de la educación y el ingreso económico en Colombia.
