La Contraloría Departamental inició auditorías financieras y de gestión abreviadas sobre la vigencia 2024. Varias entidades podrían no obtener el fenecimiento de sus cuentas por inconsistencias en la rendición, lo que abriría la puerta a sanciones disciplinarias y administrativas.
La Contraloría Departamental del Tolima encendió las alarmas al anunciar el inicio de auditorías financieras y de gestión abreviadas para evaluar la vigencia 2024. Según el organismo, este proceso tiene como finalidad determinar cuáles entidades públicas del departamento obtendrán el fenecimiento de sus cuentas, certificación que valida si hubo transparencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos.
La contralora Carolina Giraldo Velásquez explicó que estas auditorías se realizarán con base en la Guía de Auditoría Territorial 4.0, una herramienta diseñada para revisar no solo la legalidad de la gestión pública, sino también la eficacia y celeridad en la ejecución de los planes. “El fenecimiento de la cuenta es la prueba de una gestión responsable y transparente”, enfatizó la funcionaria, advirtiendo sobre la importancia del proceso.
De acuerdo con la información oficial, el punto de partida fueron las rendiciones de cuentas entregadas desde febrero por las distintas entidades. Sin embargo, varias presentaron informes incompletos, con errores en los formatos exigidos o sin soportes suficientes para justificar el manejo de los recursos. Esa falta de rigor documental podría impedirles obtener el fenecimiento de cuentas.
La consecuencia inmediata de no lograr el fenecimiento implica la apertura de procesos disciplinarios y administrativos contra los responsables. Incluso, la Contraloría recordó que la falta de esta certificación no es un tema menor, pues afecta la credibilidad institucional y deja en evidencia fallas graves en el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de control fiscal.
El riesgo se agrava en los casos de reincidencia. El ente de control fue enfático al señalar que si una entidad acumula dos años consecutivos sin fenecimiento, el representante legal puede enfrentar sanciones severas, incluyendo la suspensión o la pérdida del cargo, en cumplimiento de lo establecido por el Acto Legislativo 04. Se trata de una medida que busca garantizar un verdadero compromiso con la transparencia en la gestión pública.
Con este proceso, la Contraloría busca enviar un mensaje contundente a los alcaldes, gerentes y directores de entidades del Tolima: el uso de los recursos públicos está bajo estricta vigilancia. La certificación de fenecimiento no se limita a un trámite contable, sino que constituye una garantía de confianza para los ciudadanos y un instrumento de control para evitar la corrupción y la ineficiencia.
Expertos en control fiscal advierten que estas auditorías llegan en un momento clave, cuando el debate público en torno a la ejecución presupuestal del 2024 se intensifica. El resultado de las revisiones permitirá establecer un panorama real sobre la responsabilidad administrativa de los mandatarios locales y determinar qué tan eficientes han sido en la planeación y ejecución de los recursos públicos.
Finalmente, la Contraloría Departamental insistió en que los procesos en curso se desarrollarán con objetividad, imparcialidad y rigor técnico. No obstante, advirtió que no habrá tolerancia frente a las irregularidades, recordando que la transparencia y el correcto manejo de los dineros del Estado son pilares fundamentales para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones públicas del Tolima.
