La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia alista una investigación contra el senador verde Jota Pe Hernández, señalado de haber manipulado testigos en un caso que involucra a Roy Barreras, cuando este se desempeñaba como presidente del Senado.
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, abrió la posibilidad de investigar al senador del Partido Verde, Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, tras conocerse graves acusaciones sobre un presunto plan para manipular testigos. De acuerdo con lo revelado por la W Radio, estas maniobras habrían tenido como propósito enlodar el nombre del exsenador Roy Barreras en medio de una controversia que se remonta a 2023, cuando ambos protagonizaron fuertes enfrentamientos políticos y judiciales.
El origen del caso está en la denuncia que Barreras interpuso contra Hernández por calumnia y hostigamiento agravado. En su momento, el congresista verde lo acusó públicamente de encabezar una supuesta “olla podrida” de corrupción en el Senado. Según Hernández, esa red de irregularidades estaba asociada con contratos interadministrativos celebrados con la empresa Dicitec S.E.M., cuyo valor superaba los 4 mil millones de pesos. Sus declaraciones generaron un escándalo político que rápidamente pasó del plano mediático al escenario judicial.
De acuerdo con la acusación de Hernández, esos convenios habrían sido direccionados hacia la empresa Espejo Público, que supuestamente estaría vinculada a personas cercanas a Roy Barreras. Esta afirmación reforzó la narrativa del congresista sobre un entramado de corrupción dentro del Congreso, con el entonces presidente del Senado en el centro del señalamiento. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, los testimonios recopilados comenzaron a mostrar un panorama distinto al que Hernández quiso presentar.
Varios de los testigos convocados en el caso no solo negaron tener pruebas en contra de Barreras, sino que denunciaron un supuesto plan orquestado por el propio Jota Pe Hernández para manipular sus declaraciones. Entre los nombres que han salido a la luz están Kilian Torres Rojas, camarógrafo del Canal del Congreso; Jhon Jairo Uribe Muñoz, productor y asesor de Barreras; y Catherine Torres Rojas, quienes aseguraron que recibieron ofrecimientos a cambio de testificar en contra del exsenador. Estas revelaciones marcaron un giro inesperado en el proceso judicial.
Los denunciantes aseguran que se les habrían ofrecido beneficios que iban desde facilidades laborales dentro del Congreso hasta la posibilidad de gestionar un asilo en el exterior. La Procuraduría General de la Nación también decidió abrir investigación disciplinaria frente a estas graves acusaciones, que no solo comprometen la imagen de Hernández, sino que también ponen en entredicho la transparencia del uso de testigos en los procesos judiciales con fines políticos. El caso ahora está en el radar de dos de las instituciones más importantes del país.
El magistrado Francisco Farfán, encargado del despacho que analiza la denuncia, señaló que las conductas descritas por los testigos podrían configurar los delitos de soborno, hostigamiento y calumnia. Estas afirmaciones dejan a Hernández en una posición delicada, pues de confirmarse la manipulación de testigos, enfrentaría un proceso judicial que podría tener repercusiones no solo en su carrera política, sino también en el futuro del Partido Verde dentro del Congreso.
El caso, que comenzó como una disputa política entre dos figuras con gran visibilidad pública, ha escalado hasta convertirse en un tema de interés nacional. La opinión pública ahora sigue de cerca cada movimiento del proceso, pues lo que está en juego no es únicamente la credibilidad de Jota Pe Hernández, sino también la forma en que se ejerce el control político y se utilizan las acusaciones de corrupción en Colombia. La confrontación con Barreras, lejos de apaciguarse, ha dejado secuelas profundas en el escenario legislativo.
Este episodio refleja las tensiones que persisten en la política nacional, donde las denuncias cruzadas, los procesos judiciales y las pugnas mediáticas marcan la agenda pública. La investigación contra Hernández es apenas el inicio de un nuevo capítulo que podría redefinir las alianzas y los liderazgos dentro del Congreso. La Corte Suprema tendrá la última palabra, pero lo cierto es que el caso ya dejó al descubierto una lucha de poder con repercusiones que trascienden lo jurídico y se instalan en la disputa política por el control del Senado y la credibilidad institucional.
