El Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó ocultar durante el trámite de una tutela dos publicaciones de la cuenta oficial de Presidencia en Instagram. La medida busca evitar una eventual afectación a los derechos y la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes.
La controversia por la difusión de imágenes de cuerpos sin vida en las redes oficiales del Gobierno llegó a los tribunales. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y al Dapre ocultar temporalmente dos publicaciones difundidas en Instagram, mientras avanza el estudio de una acción de tutela.
La decisión fue adoptada por la jueza Evangelina Bobadilla Morales, quien consideró necesario restringir provisionalmente el acceso a los contenidos mientras se determina si las imágenes, calificadas como explícitas, pueden representar una vulneración de derechos fundamentales. La principal preocupación planteada en la actuación judicial está relacionada con la exposición de menores de edad a material que podría generar afectaciones psicológicas.
La tutela fue presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín, quien cuestionó que este tipo de imágenes fueran difundidas desde canales institucionales del Estado. Según los reportes conocidos sobre la decisión, la acción fue promovida también en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la exposición a contenidos violentos.
Los contenidos cuestionados corresponden a publicaciones realizadas el 2 y el 4 de septiembre en la cuenta oficial @infopresidencia. Los videos están relacionados con las operaciones militares Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en La Guajira, y muestran imágenes de los cuerpos de personas fallecidas durante esas operaciones.
El despacho judicial estableció un plazo de un día, contado a partir de la notificación, para que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República proceda con el ocultamiento de las publicaciones. La orden no representa, por ahora, una decisión definitiva sobre la legalidad o permanencia de los contenidos, sino una medida provisional adoptada mientras continúa el proceso.
El pronunciamiento judicial se conoce después de una creciente discusión pública sobre la manera en que el Gobierno comunica los resultados de sus operaciones militares. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, había cuestionado previamente la exposición de cuerpos de personas fallecidas y pidió reflexionar sobre el tratamiento y la comunicación de este tipo de hechos en medio del conflicto armado.
La controversia también generó un enfrentamiento público entre la Defensoría y sectores del Gobierno, en particular por la forma de presentar los resultados de las operaciones. La discusión gira alrededor del equilibrio entre el derecho de las autoridades a informar sobre sus acciones militares y la obligación de preservar la dignidad de las personas fallecidas y proteger a los menores frente a contenidos potencialmente violentos.
Ahora el Juzgado Catorce Laboral deberá avanzar en el estudio de fondo de la tutela y determinar si las publicaciones cuestionadas efectivamente vulneraron los derechos fundamentales invocados. Mientras se adopta esa decisión, los videos permanecerán ocultos conforme a la medida provisional, dejando abierta una nueva discusión nacional sobre los límites de la comunicación institucional en escenarios de violencia y conflicto.
