Una radiografía preocupante sobre el uso de los recursos públicos en el Tolima salió a la luz durante la rendición de cuentas de los primeros 100 días de la contralora Jesica Lozano Noriega. La funcionaria confirmó que al menos 73 proyectos inconclusos los llamados “elefantes blancos”serán objeto de revisión exhaustiva por posibles irregularidades fiscales.
Lo más delicado del anuncio no es solo el volumen de obras abandonadas, sino su origen: buena parte de estos proyectos se ejecutaron o iniciaron durante las administraciones de Oscar Barreto Quiroga y Ricardo Orozco Valero, lo que vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de los gobiernos departamentales en la planeación y ejecución del gasto público.
“Vamos a poner la lupa sobre cada uno de estos casos. Aquí no solo estamos hablando de obras inconclusas, sino de posibles daños al patrimonio público”, advirtió Lozano Noriega, dejando abierta la puerta a hallazgos fiscales que podrían derivar en procesos sancionatorios.
Detrás de las cifras hay un patrón que preocupa: proyectos que consumieron recursos millonarios sin cumplir su objetivo social, contratos que no llegaron a término y estructuras que hoy permanecen como símbolos del desperdicio estatal. Para analistas consultados, el problema no es aislado, sino estructural, y refleja fallas reiteradas en la supervisión y control de la inversión pública en el departamento.
En este contexto, la Contraloría anunció la instalación de mesas de trabajo con la Contraloría General de la Nación una movida que busca evitar que los casos se diluyan y garantizar mayor rigor técnico en las investigaciones. La articulación nacional también sugiere que la magnitud del problema supera la capacidad operativa local.
Pero el frente de investigación no se limita a la infraestructura. La contralora también confirmó que el Hospital Federico Lleras Acosta, será objeto de auditorías por presuntas irregularidades administrativas y financieras.
Aunque los detalles aún no se han hecho públicos, las alertas encendidas en torno al principal centro asistencial del departamento elevan la preocupación, considerando su papel estratégico en la atención de miles de usuarios. “Ya existen indicios que justifican una revisión a fondo”, señaló la funcionaria.
El anuncio marca un punto de inflexión en el discurso institucional: de la identificación de problemas a la promesa de acciones concretas. Sin embargo, la historia reciente del control fiscal en el Tolima plantea una pregunta inevitable: ¿habrá resultados de fondo o los procesos volverán a quedar atrapados en trámites sin consecuencias?
Más allá de las investigaciones, el reto de fondo sigue siendo el mismo: determinar responsables, recuperar recursos si es posible y, sobre todo, evitar que nuevos proyectos terminen engrosando la lista de los “elefantes blancos”.
Por ahora, la lupa está puesta. Falta saber si también habrá sanciones.
